Ciudad de México.- El derrumbe del Colegio Rébsamen dejó a 41 habitantes de dos edificios contiguos fuera de su hogar, pese a que su inmueble no sufrió daños.

Desde el 19 de septiembre, el único acceso a sus apartamentos permanece bloqueado por polines colocados por Protección Civil para evitar el colapso de una de las pocas estructuras de la escuela que quedaron en pie.

Esos soportes y un litigio legal, que convirtió al Rébsamen en objeto de investigación por parte de la Procuraduría capitalina (PGJ), les impiden volver a casa convirtiéndolos en los otros damnificados del Rébsamen.

“Nuestro edificio está bien. Si hubiéramos tenido la fortuna de que no hubiera decesos en el Colegio, no existiría una razón para no haber retirado ya los escombros por parte de las autoridades”, lamenta José Antonio Rosas, vecino afectado.

La PGJ investiga la supuesta responsabilidad de Mónica García Villegas, directora y dueña del plantel, en que fallecieron 25 personas, por lo que el predio está sujeto a peritajes como un elemento de prueba, y no pueden realizarse modificaciones a lo que queda del inmueble.

Mientras tanto, los habitantes de Rancho Tamboreo 21, ya han cumplido dos meses fuera de casa sin saber cuándo volverán.

“Buscamos refugio en casas de familiares y amigos, a veces juntos, y a veces separados”, platica Rosa Elena, de 68 años.

Ayer, a Rosa y otros vecinos les tocó hacer guardia para evitar la rapiña. Ha sido difícil, dice, pues no son un “damnificado común”.

Pasada la emergencia, buscaron apoyo en la Delegación Tlalpan, en la CDHDF y en el Gobierno capitalino, pero ninguna parece estar facultada para darles acceso a sus departamentos.

Los vecinos sugieren derruir al menos una parte del cuerpo del Rébsamen para poder volver a casa, pero la realización de un peritaje solicitado por la defensa de García Villegas lo impide.

“Hay que entender que si la autoridad, la PJG o la Fiscalía quitara esa evidencia, le abre una oportunidad a la defensa para decir ‘vulneraste mis derechos'”, dice José Antonio Rosas.

“Estamos en una laguna legal muy particular, pero (…) los derechos que tiene la defensoría no pueden ir por encima de nuestro derecho a habitar nuestra casa”.

Los vecinos propondrán en fechas próximas, con ayuda de un perito calificado, soluciones que podrían ser viables, como derruir parte de la estructura que les impide el regreso a casa sin eliminar elementos sustanciales de prueba o un apuntalamiento que les permita dormir, al fin, en su propia cama.

“Tenemos la fortuna de que, cuando se arregle esto (el litigio con el Colegio Rébsamen, tenemos casa. Tenemos la muy mala suerte de encontrarnos en esta laguna legal”, José Antonio Rosas, vecino afectado.

A casi dos meses del sismo, habitantes de Rancho Tamboreo 21 luchan por volver a casa.

Durante las labores de rescate del 19S, parte del Colegio Rébsamen fue apuntalado a dos edificios contiguos, bloqueando la entrada a estos.

Terminados los trabajos, la PGJ inició una investigación contra la directora Mónica García, por lo que el inmueble pasa a ser objeto de investigación.

Los peritajes de la Procuraduría concluyen con que la construcción de un departamento de García debilitó su estructura y propició su derrumbe, causando la muerte de 25 personas.

La defensa de García pide hacer un peritaje que, a la fecha, no se ha realizado.