Ciudad de México.- El Gobierno de Humberto Moreira fue responsable de delitos de lesa humanidad, al permitir ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil, denunciaron más de 100 organizaciones ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Hoy, los representantes de las organizaciones presentaron públicamente la comunicación que entregaron a la CPI el 5 de julio, donde piden una examen preliminar por delitos de lesa humanidad en que presuntamente participaron autoridades de alto nivel de Coahuila.

“Hay testigos que han sido condenados por testimonios que señalan la convivencia de Los Zetas con funcionarios del Gobierno de Humberto Moreira”, explicó en conferencia de prensa Michael Chamberlin, subdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

“En ellos señalan cómo entregaban dinero para que les dejaran cometer los crímenes y cómo les prestaban vehículos para cometer los crímenes”.

Detalló que, ante la CPI, probaron la presencia de patrones en desapariciones forzadas, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados, contemplados en el Estatuto de Roma.

Entre 2008 y 2012, documentaron desapariciones a cargo de policías estatales y municipales en ocho municipios de la entidad, donde las víctimas fueron entregadas a Los Zetas con fines de trabajo forzado.

“Estos señores (las autoridades) se beneficiaron económicamente de los crímenes cometidos por Los Zetas. Necesitaban generar un ambiente de terror para obligar a la población a obedecer”, abundó.

La comunicación también documenta la persecución contra Los Zetas a partir de 2012, donde las fuerzas especiales de Coahuila agredieron a la población, provocando más de 100 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Las organizaciones piden la intervención del organismo internacional para acabar con la impunidad en la entidad y destruir la estructura macrocriminal, formada por Estado, empresas y crimen organizado.

Asimismo, reiteraron su llamado al Estado y la comunidad internacional a integrar un órgano independiente, imparcial y extraordinario, a fin de investigar los crímenes y procesar a los responsables