Ciudad de México.- La presidenta de la Comisión Especial de delitos cometidos por razones de género, Maricela Contreras Julián del PRD, afirmó que nuestro país presenta un enorme “hueco” en la procuración de justicia hacia mujeres violentadas o asesinadas. Hace falta cambiar la mentalidad de quienes son responsables de su protección, seguridad y justicia”.

La legisladora calificó de inaceptable la muerte de mujeres por el sólo hecho de ser mujeres. “Eso se llama feminicidio”.

No podemos tolerar acciones de un sistema de justicia que deja libres a abusadores sexuales como el caso del juez de Veracruz que concedió un amparo a uno de los cuatro jóvenes conocidos como “Los Porkys”. “Este tipo de acciones constituyen verdaderas licencias para matar a mujeres y violar sus derechos”.

En algunos códigos penales existen “aberraciones” que justifican el homicidio por cuestiones de honor, donde se rebaja la sanción a las personas que asesinan si sorprenden a su cónyuge en un acto sexual o próximo a su consumación, el cual sólo se aplica a varones.

En 21 estados de la República, continuó, tipifican el delito de rapto como aquel que sustraiga, retenga o se apodere de una mujer, “como si fuéramos cosas u objetos”; 14 estados extinguen la acción penal si el delincuente se casa con la víctima, y en tres más no tipifican como delito la violación entre cónyuges o concubinos.

En 19 entidades, sus legislaciones establecen la obligación del delito conyugal, es decir, que las mujeres tienen que cumplir con sus esposos ignorando el derecho a ejercer su sexualidad de manera libre.

“Estas situaciones hacen posible que se encuentren impunes conductas delictivas volviéndose inexistentes ante el sistema de procuración de justicia; sistema que oculta la realidad de la violencia ejercida contra las mujeres y fomenta que estos hechos continúen cada vez con mayor frecuencia”, subrayó.

La violencia contra las mujeres no es asunto de partidos políticos o ideologías, ni del gobierno al frente de un estado, municipio o país. Se trata de una serie de circunstancias que se acumulan por el desdén del Estado en reconocer y respetar nuestros derechos y nuestra integridad física, emocional y moral, agravado por una cultura que normaliza la violencia y convierte a una sociedad permisiva de abusos, maltratos, vejaciones y asesinatos de mujeres.