Ciudad de México.- Miguel Barbosa, vicecoordinador de Morena en el Senado, acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) de integrar carpetas de investigación defectuosas para evitar que los exgobernadores acusados de peculado, lavado de dinero y actos de corrupción paguen por sus delitos.

“Todo apunta a que las carpetas de investigación en contra de estos exgobernadores priistas fueron construidas deliberadamente con deficiencias y fallas para conseguir su pronta liberación”, aseguró Barbosa.

El legislador federal exigió a la PGR conducir sus indagatorias con estricto apego a la ley y actuar de manera meticulosa en la integración y procesamiento de los exgobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo.

Barbosa advirtió que sería inaceptable que, por una falla en las acusaciones de la Procuraduría, los abogados de los exmandatarios locales logren “tirar” las acusaciones.

“Tal vez la risa de Javier Duarte al aceptar su extradición a México tenga que ver con eso”, alertó.

Barbosa recordó que los delitos de carácter electoral no son considerados graves, por lo que los exgobernadores acusados de esas faltas, como el chihuahuense César Duarte, podrían enfrentar su proceso legal sin pisar la cárcel.

El legislador federal sostuvo que no se puede obviar que un alto número de carpetas de investigación no están debidamente integradas o no se ha respetado el debido proceso, lo que lleva a la PGR a fracasar en su obligación de llevar a los delincuentes ante la justicia para ser procesados.

Barbosa refirió que en el caso de Quintana Roo, el exgobernador Roberto Borge es señalado por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo cual podría alcanzar hasta 15 años de prisión.

Al exgobernador de Chihuahua, agregó, se le giró orden de aprehensión por delitos electorales, los cuales pueden alcanzar hasta 22 años y medio de cárcel.

‘GRAVE’

El experredista recordó que a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, se le acusa de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuyas penas en conjunto podrían llegar hasta los 55 años de cárcel.