Monterrey

Publicado el lunes, 27 de abril del 2026 a las 17:07
Monterrey, N.L.— Tras revelarse que 83 menores de edad presentan niveles alarmantes de plomo en la sangre, el Congreso de Nuevo León aprobó una serie de exhortos urgentes dirigidos a autoridades académicas, de salud y federales para frenar lo que diputados calificaron como una emergencia de salud pública que compromete el desarrollo cognitivo de la infancia.
La diputada local del PAN, Claudia Caballero, encabezó la iniciativa solicitando a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) una investigación técnica y transparente sobre las empresas que emiten partículas de metales pesados. Caballero denunció que en el entorno inmediato de los menores afectados operan cerca de 50 plantas industriales dedicadas al reciclaje de baterías, fabricación de juguetes y autopartes.
” “La falta de medidas oportunas no solo compromete su bienestar inmediato, sino también su desarrollo a largo plazo”, sentenció la legisladora, recordando que la UANL ha documentado esta problemática desde el año 2000 sin que se hayan tomado acciones definitivas.
Por su parte, la Comisión de Salud, presidida por Gabriela Govea, advirtió que la intoxicación por plomo está provocando retrasos en el crecimiento y daños neurológicos severos en los estudiantes de los centros CENDI.
La urgencia legislativa incluyó diversas peticiones estratégicas:
– Brigadas de Salud: Se solicitó a la Secretaría de Salud estatal realizar estudios en escuelas cercanas a zonas industriales y activar planes de contingencia permanentes.
– Inspecciones Federales: Se pidió a la Secretaría de Economía revisar las normas de emisiones actuales y a la Secretaría de Gobernación incluir el plomo en el inventario nacional de emisiones.
– Vigilancia Ambiental: La bancada del Partido Verde exigió inspecciones rigurosas en empresas de Escobedo, Apodaca y Monterrey, advirtiendo que los polvos contaminantes podrían estarse desplazando a zonas habitacionales debido a las corrientes de viento.
La coordinadora del PT, Guadalupe Rodríguez, aportó datos alarmantes sobre el incremento de casos de autismo, vinculándolos posiblemente a la exposición ambiental. Informó que, mientras en 2022 se detectaron seis casos en los planteles, para 2025 la cifra se disparó a 69 menores, lo que motivó la investigación inicial.
Finalmente, legisladores de Morena y el PRI coincidieron en que el tema no debe politizarse ni señalar a una sola industria, sino garantizar el derecho humano a respirar aire limpio, enfatizando que “la contaminación mata” y que el Estado ha fallado en su responsabilidad de supervisión durante las últimas dos décadas.
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