Ciudad de México.- Bajo el argumento de aplicar disposiciones de la Ley General de Archivos, el Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen) y el Archivo General de la Nación (AGN) han rasurado las versiones públicas de expedientes sobre el periodo de la “Guerra Sucia” en México.

El fondo de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), que contiene expedientes sobre la vigilancia y control de la disidencia, es uno de los más afectados.

En dicha colección se podían documentar actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos de ese periodo de la historia del país.

Dado que se cumplieron los 30 años de confidencialidad establecidos en la Ley Federal de Archivos, el AGN actualizó las versiones públicas para liberar dicha información.

No obstante, tachó “datos sensibles” que deberán permanecer ocultos por 70 años, según la ley.

Bajo el criterio del personal del Cisen, los datos sensibles incluyen preferencia sexual, ideología política y valoraciones negativas sobre las personas.

Dicho criterio fue severamente criticado por investigadores, quienes en una carta difundida en mayo advirtieron que la lista de versiones públicas disponibles disminuyó de 2 mil 978 a 630 legajos.

Alertaron además sobre la posibilidad de que los documentos pierdan información que ya era pública.

Por ejemplo, los expedientes de disidentes desaparecidos, como los miembros de la familia Tecla Parra, ya no tienen las fichas de consignación de cuando fueron detenidos por las autoridades.

Hay versiones, como las del General Mario Acosta Chaparro, militar vinculado al narcotráfico y a crímenes de lesa humanidad, donde nombres de agentes y personas desaparecidas se eliminaron por completo.

“Bajo el pretexto de la protección de datos personales, lo que se está haciendo con este fondo documental es borrar rastro de crímenes de Estado”, alertó Camilo Vicente, candidato a doctor en Historia por la UNAM.

“Dijeron que no estaban revisando la documentación original, sino solo las versiones públicas ya hechas. ¿Cómo van a borrar lo tachado si no tienen el documento original?”, cuestionó.

Los investigadores sostuvieron una reunión con autoridades del AGN el pasado 9 de junio. Ahí señalaron que habían desaparecido las versiones públicas de quienes cometieron graves violaciones a derechos humanos, como el ex director de la DFS, Miguel Nazar Haro, y el ex subdirector José Salomón Tanus. También estaba desaparecido el expediente del guerrillero Lucio Cabañas.

Después de la reunión, el AGN actualizó la lista de consulta de versiones públicas, que ahora incluye los 2 mil 978 legajos.

Las autoridades del Archivo se comprometieron a proporcionar las versiones públicas viejas a todo aquel que las solicite.