Ciudad de México.- Por inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales, la Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga a 131 servidores públicos de distintas dependencias.

De no aclarar los señalamientos, los funcionarios indagados podrían ser denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de enriqueciendo ilícito.

Los funcionarios, cuyos nombres se encuentran reservados, están adscritos a dependencias como la Secretaría de Cultura, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, la Comisión Reguladora de Energía, el Servicio Postal Mexicano y los Centros de Integración Juvenil.

De acuerdo con datos obtenidos vía transparencia, 93 servidores públicos son investigados a nivel central por la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP, en tanto que los 38 restantes son indagados por los organos Internos de Control de cada dependencia.

Durante este año, la SFP ha denunciado ante la PGR a siete servidores públicos: de ellos, cuatro pertenecen a Pemex Exploración y Producción (PEP), dos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y uno a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

A pesar de que la SFP ha mantenido reservados los nombres de los denunciados, se ha logrado determinar que uno de los denunciados ante la PGR es Antonio Narváez Ramírez, exadministrador regional de PEP en Poza Rica, Veracruz.

“Del análisis a los resultados de las investigaciones para verificar la evolución de su patrimonio que obran en el expediente 041/2016, se advierten presuntas incongruencias en su patrimonio, identificándose en los ejercicios 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 lo siguiente: depósitos en cuentas bancarias, adquisición de inmuebles y de vehículos cuyo origen se desconoce…”, le notificó la SFP a Narváez Ramírez en edictos en diciembre pasado, cuando lo estaba buscando para que aclarara su situación patrimonial.

FORTUNAS

Los incrementos patrimoniales detectados a estos funcionarios van desde los 487 mil 679 pesos, que le fueron encontrados a uno de los trabajadores del IMSS, a los 9 millones 525 mil pesos que tuvo como discrepancia uno de los funcionarios de Pemex.