México, DF.- Human Rights Watch y líderes migrantes en Estados Unidos se pronunciaron porque el gobierno de México exija una investigación a las autoridades de ese país, ante el presunto nexo de la empresa que controla 65 cárceles y centros de detención de ese país con impulsores de leyes antimigrantes como la SB1070, con el objetivo de que éstas permitan detener al mayor número de indocumentados por las ganancias que les generarían estando en prisión, ya que se estaría ante una situación grave al lucrar con miles de personas.

Ayer EL UNIVERSAL dio a conocer la investigación que realizó el Center for American Progress —ONG dedicada al análisis político en Washington—, que revela que entre los grupos de poder que estarían detrás de estas leyes está la Corrections Corporation of America (CCA), que sólo por sus centros de detención de migrantes obtuvo ganancias por 74 millones de dólares en 2010.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, indicó que el centro que realizó la investigación es muy serio y reconocido en Estados Unidos, por lo que ante los hechos que presenta, “si esa es la situación, estamos ante una realidad muy grave y esta denuncia debe ser recibida por las autoridades competentes en Estados Unidos”.

Indicó: “Asumo que el gobierno de México, cuyos ciudadanos son el grueso de los que sufren esta persecución en Estados Unidos, está impulsando una investigación respecto a este tema”.

Alejandro Arturo Chávez, presidente de Clubes Unidos de Mexicanos en el Valle de Arizona, dijo que los activistas de la entidad “sabemos que las cárceles privadas son un enorme negocio que se ha incrementado con la detención de indocumentados”.

Consideró que la investigación sólo confirma los intereses económicos que todos sospechaban que estaban detrás de leyes como la SB1070, de la actuación de personajes como el alguacil de Maricopa, Joe Arpaio, quien en los últimos años se ha dedicado a cazar a indocumentados —sobre todo mexicanos— para ingresarlos a las dos prisiones que controla y que reportan grandes ganancias.

Enrique Morones, dirigente de los Ángeles de la Frontera, dijo que no le sorprende que grupos como la CCA impulsen estas leyes, por los recursos que les generarán.

Poderes en juego

Mientras que Carlos Villanueva, dirigente de la Asociación Mundial de Mexicanos en el Exterior —que aglutina a 700 organizaciones en Estados Unidos—, indicó que los activistas han denunciado desde 2010 “los enormes poderes económicos y políticos en juego para criminalizar a los migrantes”, por lo que consideró que el gobierno mexicano debería presentar una protesta a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pues se “pretende comercializar con la vida de miles de personas”.

Sobre el tema, Fernando Morales, director general de Comunicación Social de la Cancillería, fijó la posición de la dependencia: “Las labores de protección de la Red Consular Mexicana incluyen la atención a casos individuales de mexicanos encarcelados en los Estados Unidos, todos los centros de detención tienen que respetar los derechos de los connacionales y cumplir con los lineamientos locales”.

Agregó que “los consulados están plenamente conscientes de la participación de empresas privadas en la administración de cárceles en algunas jurisdicciones de EU y mantienen entre sus prioridades dar seguimiento a cómo cumplen con el marco legal”.

Al respecto, Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Palacio Legislativo de San Lázaro, aseguró que “México debe reclamar a Washington, en el nivel de jefes de Estado, acabar con la criminalización de la inmigración indocumentada, con base en el derecho que obliga a la Unión Americana hacer cumplir en su territorio acuerdos y tratados internacionales, que son violados con la Ley Arizona”.

Explicó que el Poder Legislativo en EU tiene una mecánica que da espacio a intereses privados, los cuales influyen en la labor de congresistas, quienes a su vez suelen responder en favor de campañas de miedo, maniqueas y que alimentan la xenofobia.

Señaló que esto ejemplifica el “vaciamiento de soberanía” que padece México en relación con EU. (Con información de J. Jaime Hernández, Juan Arvizu y Andrea Merlos)