Uruguay.- Sindicatos de la educación y de los taxis realizaban paros este miércoles en Uruguay en protesta por el violento desalojo de un grupo de estudiantes de la sede de un organismo de la enseñanza pública la noche del martes, al tiempo que la justicia intervino en el asunto para dirimir responsabilidades.

El violento desalojo de un grupo de manifestantes que ocupaban desde el viernes la sede del Consejo Directivo Central (Codicen) y el arresto de 12 personas -entre ellas sindicalistas- por parte de grupos de choque policiales derivaron en cruces de acusaciones entre el gobierno y los involucrados.

Así, sindicatos de profesores de secundaria, de maestros de primaria y de funcionarios y docentes de centros de enseñanza técnica anunciaron un paro de 24 horas en la jornada, en tanto el gremio de taxistas aplicó un paro parcial y planteará uno nacional de 24 horas en todo el transporte. Además, fueron convocadas a una serie de marchas por la capital esta semana.

El Ministerio del Interior informó en un comunicado que el saldo primario fue de siete uniformados internados y 20 heridos leves por palazos y pedradas, así como cinco manifestantes con heridas que no revestían seriedad y una serie de destrozos.

Mientras las autoridades afirman que la policía fue atacada y respondió, los gremios y ocupantes sostienen que no se respetó un acuerdo de desalojo negociado entre las partes y todo comenzó con la represión, rechazando además el balance oficial.

“No fue un desalojo pacífico”, dijo a la radio Sarandí local Irma Leites, del colectivo activista de derechos humanos Plenario Memoria y Justicia, mientras que el presidente del sindicato del taxi SUATT, Ary Wiedemann, calificó de “desmedida” la represión.

La acción policial fue solicitada por el Codicen alegando que se impedía el normal funcionamiento del organismo y de otras oficinas públicas instaladas en el predio. Los estudiantes y quienes les apoyaban ocuparon la sede para reclamar el 6% del PIB para la educación en el presupuesto quinquenal que el gobierno de la coalición Frente Amplio (FA, izquierda) envió al Parlamento.

La justicia dispuso la liberación de 11 de los 12 detenidos -apenas quedó un sindicalista del taxi- y ordenó una investigación en base a imágenes de video y reportes forenses.

María Julia Muñoz, ministra de Educación y Cultura, dijo que “la situación no fue provocada por estudiantes, sino que fueron los adultos los que ocasionaron problemas”.

Los gremios de la educación están en pie de guerra con el gobierno desde hace semanas con ocupaciones, huelgas y reclamo de aumento presupuestal para el sector.

fb