Ciudad de México.- Ricardo Bucio, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, consideró que los hechos registrados en Nuevo León ponen en evidencia la necesidad de mejorar el control sobre las armas en el país.

“Da cuenta de que tenemos que tener un mejor control de la portación de armas en el país. No tenemos la situación de Estados Unidos, claramente, pero han entrado muchas armas ilegales”, dijo.

Entrevistado en el Senado, consideró que lo ocurrido puede estar vinculado con la “normalización” de la violencia, pero también con la falta de atención a menores que tienen discapacidades psicosociales.

“Es un hecho muy lamentable que sin duda puede tener alguna relación con la normalización de alguna forma, de muchas formas de violencia que se han dado en el país en los últimos años”, reconoció.

“Creo que también tiene relación con lo que tenemos que hacer a nivel de atención a los niños y adolescentes con alguna situación de discapacidad psicosicial”.

Bucio criticó la difusión de imágenes y videos sobre el momento en que el menor disparó contra su maestra y compañeros de clase.

“Tiene que haber una protección, que está determinada por los estándares de derechos humanos de la identidad de los niños, tanto de las víctimas como del victimario”, señaló.

“Creo que en esto tiene que haber prudencia, sobre todo a nivel de la sociedad en la transmisión de los datos en redes sociales”.

Proponen valorar ‘operación mochila’

El Senado pidió a las autoridades federales valorar la posibilidad de poner en marcha la denominada “operación mochila” para evitar que los estudiantes ingresen con armas a los planteles.

Sin embargo, los legisladores aseguraron que la medida no puede aplicarse de manera generalizada en todo el territorio nacional.

“Hay que segmentar lugares de riesgo y habría que ver qué es lo que está ocurriendo, porque tan sólo de educación básica son 226 mil escuelas en el país.

“De las cuales 16 por ciento son federales, 71 son estatales y 13 son particulares, esos son los grandes números”, aseguró el senador panista Juan Carlos Romero Hicks.

El presidente de la Comisión de Educación reconoció que se trata de acciones que pueden resultar “incómodas”, que requieren de un diagnóstico y de una actuación prudente de las autoridades.

“Hay que tener mucha sensatez, mucha prudencia y también mucha claridad en las medidas que se van a tomar en un futuro”, asentó.

El presidente del Senado, Pablo Escudero, consideró que la implementación del “operativo mochila” debe evaluarse de manera conjunta con los padres de familia.

“Tienen que trabajar de manera rápida las autoridades educativas, junto con los padres de familia, para llevar a cabo estos operativos en donde estén focos, donde se considere que haya que hacerlo; hay lugares más violentos que otros.

“Pero sin duda, cualquier medida para proteger a nuestros niños ayuda”, indicó.

En contraste, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, consideró que la puesta en marcha de ese tipo de medidas puede criminalizar a los menores.

“Estoy en contra de eso, criminalizar a las niñas y niños me parece que no debe ser. Aquí hay una responsabilidad de los padres, ¿ese niño cómo obtuvo esa pistola?”, cuestionó.

La perredista advirtió que los hechos registrados en Nuevo León ponen en evidencia que la iniciativa impulsada por el senador del PAN, Jorge Luis Preciado, para permitir la portación de armas, resultaría riesgosa y contraproducente.

“Es totalmente inviable, incluso me atrevo a decir que es irresponsable”, indicó.