Internacional

Publicado el martes, 30 de noviembre del 2010 a las 21:25
Madrid, España.- La Embajada de Estados Unidos en Madrid desplegó en los últimos años recursos para frenar causas judiciales abiertas en España contra políticos y militares estadunidenses involucrados en casos de tortura en Guantánamo, indicó la prensa.
El diario El País señaló que esos políticos y militares estarían involucrados en crímenes de guerra en Irak, así como en secuestros en los vuelos de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA).
El propio embajador entre 2005 y 2009, Eduardo Aguirre, nombrado por la administración de George W. Bush, dirigió la presión sobre el gobierno español o las autoridades judiciales.
No obstante, de los informes secretos se desprende que Estados Unidos contó con el apoyo de importantes contactos en España.
Entre estos destacan los del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y varios fiscales de la Audiencia Nacional, especialmente su jefe, Javier Zaragoza.
De acuerdo con los documentos, el embajador Aguirre dijo a Carles Casajuana, entonces principal asesor diplomático en La Moncloa y hoy embajador en Londres “se me está acabando la paciencia ante los comentarios tan desleales del Partido Socialista Obrero español (PSOE) y sus aliados sobre Estados Unidos”.
Esto fue el 21 de marzo de 2007 y ese miércoles, los dos cargos más importantes de la embajada contactaron con autoridades españolas para frenar las críticas a Estados Unidos en el cuarto aniversario de la invasión de Irak.
La preocupación de la embajada por aquel clima político se sumó a la que tenía en esos meses por la marcha de dos procesos judiciales abiertos en la Audiencia Nacional y que afectaban a intereses de Estados Unidos.
Uno de ellos, la muerte del cámara gallego José Couso en Bagdad el 8 de abril de 2003 por disparos de un tanque estadunidense, con su correspondiente querella presentada el 29 de mayo de 2003.
El segundo: el traslado ilegal a Guantánamo de supuestos terroristas en aviones que hicieron escala en España, un caso que llegó a la Audiencia el 12 de junio de 2006.
De acuerdo con los documentos filtrados, en todos los casos ha habido colaboración de fiscales españoles con la embajada de Estados Unidos.
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