México, DF. (Proceso).- Le llaman “La Bestia” y atraviesa gran parte del territorio nacional, desde el sur hasta la frontera con Estados Unidos. Es el tren en el que miles de migrantes centroamericanos y algunos sudamericanos son presa de asaltos, golpes, violaciones, secuestros y asesinatos durante el trayecto que los lleva al país del norte en busca de empleo.

Las vejaciones son cotidianas en el campo, el desierto y las ciudades, y lo mismo las cometen autoridades mexicanas que bandas criminales.

No obstante, el hallazgo reciente de los cadáveres de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, provocó la repulsa de los países cuyos ciudadanos resultaron agraviados, a la par que la comunidad internacional calificó de “abominable” esa matanza.

En lo interno, quedó en evidencia lo que desde hace un año denunciaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las organizaciones de la Red del Registro Nacional de Agresiones a Migrantes: la complicidad de funcionarios mexicanos y grupos delincuenciales en la explotación de los indocumentados.

Para Fernando Batista Jiménez, quinto visitador de la CNDH y cuya oficina elabora un nuevo informe sobre secuestros de migrantes, la situación es crítica.

Entrevistado la noche del jueves 26 –cuando Los Pinos comenzó a difundir un comunicado en el que aseguraba que el multihomicidio era obra de un grupo de la delincuencia organizada y que el Gobierno federal ha minado la estructura financiera de ese cártel, que ahora busca allegarse recursos financieros por medio de los secuestros a migrantes– Batista Jiménez reitera: “Esa matanza es sólo un botón de muestra de que la explotación y los secuestros aumentan en el país”.

Expone además que: “A reserva de lo que presentemos en el nuevo informe, lo preocupante es que no percibimos una disminución de los casos y esto se debe a la impunidad, a que no se ha dado una solución en materia de procuración de justicia”. Además, insiste, hasta ahora no hay una “política pública concreta a favor de las y los migrantes por parte de los tres órdenes de Gobierno, principalmente del federal”.

En abril pasado, Amnistía Internacional presentó el informe “Víctimas invisibles, migrantes en movimiento en México”, cuyas conclusiones coinciden con los señalamientos del visitador de la CNDH. Dice el informe: “Las autoridades federales y estatales han eludido sistemáticamente su deber de investigar de forma inmediata y efectiva los abusos contra los migrantes”.

Y sostiene que “esta persistente inacción” de las autoridades mexicanas, sobre todo cuando existen funcionarios públicos implicados en los abusos, exhibe un hecho: “México incumple la responsabilidad legal nacional e internacional de ejercer la diligencia debida para respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos”.

Industria del secuestro

El año pasado, la CNDH distribuyó un informe especial en el que documentó los secuestros de migrantes cometidos entre septiembre de 2008 y febrero de 2009. En ese periodo, según el cálculo de los investigadores de la Comisión, se registraron 9 mil 758 casos en los que estuvieron implicados policías y autoridades mexicanas en colusión con el crimen organizado.

Desde hace años, la CNDH y las organizaciones eclesiales y civiles han brindado apoyo a los indocumentados centro y sudamericanos en su paso por territorio nacional. El ombudsman nacional inclusive ha emitido varias recomendaciones al Instituto Nacional de Migración (INM), a cargo de la panista Cecilia Romero, en las que pide se apliquen medidas preventivas para detener la industria del secuestro de inmigrantes.

En su investigación de 2009, que abarcó sólo seis meses, la CNDH incluyó 198 casos comprobados, pero advirtió: “Tomando en cuenta las cifras recabadas en ese periodo, el número de eventos de secuestro por año podría llegar a ser de alrededor de 400 y la cifra de víctimas podría ser de 18 mil al año”, puesto que ese fenómeno es cada vez más recurrente y redituable.

De hecho, en lo que va de este año el INM tiene contabilizado, sólo en Tamaulipas, el rescate de 815 inmigrantes centroamericanos, retenidos en 12 casas de seguridad. Y sólo durante agosto la dependencia registró 130 de esos rescates en todo el país.

Daniel Boche, padre del guatemalteco Gelder Lizardo Boche, de 17 años, uno de los 72 asesinados en el rancho San Fernando, confirmó que recibió llamadas telefónicas de hombres que, con acento mexicano, le informaron que tenían secuestrado a su hijo y a sus dos yernos: Gilmar Augusto Morales Castillo, de 22 años, y Hermelindo Maquin Huertas, de 24. Los secuestradores le exigieron 2 mil dólares por cada uno.

En los hechos, el negocio es proporcional al flujo migratorio, el cual es prácticamente imparable: Además de los ocho puntos formales para atravesar la frontera entre México y Guatemala, hay otros 54 puntos de cruce informales para vehículos y mil peatonales que no tienen vigilancia.

Por esa frontera llegaron a México 400 mil centroamericanos en 2008, según la organización civil Mesa Nacional de Migraciones (Menamig) de Guatemala; y 250 mil en 2009, según el INM.

De acuerdo con esta última dependencia, 64 mil extranjeros de Centroamérica fueron asegurados y repatriados en 2009. La quinta parte eran mujeres y niñas.

De acuerdo con la Dirección General de Migración de Guatemala, en lo que va de este año el número de deportados desde México asciende a 44 mil 949 mil migrantes. La mayoría de ellos son hondureños (18 mil 401), guatemaltecos (17 mil 950) y salvadoreños (7 mil 992).

Batista Jiménez recuerda que en el informe presentado el 15 de junio de 2009 la CNDH hizo varias recomendaciones en torno a los secuestros, sobre todo en los estados por los que circula “La Bestia”, cuyo viaje se inicia en Chiapas y Tabasco.

Los autores destacan la impunidad de las autoridades ante esta situación pues, arguyen, las cifras revelan que su actuación es deficiente ante la gravedad y frecuencia del delito: “La autoridad migratoria, la Policía Federal y las corporaciones policiales, así como los agentes del Ministerio Público locales y federales, han llevado a cabo muy pocas acciones para combatir este flagelo que afecta a las personas migrantes en México, mayoritariamente a los de origen centroamericano”.

En su informe de abril pasado, Amnistía Internacional aborda el tema de los indocumentados centroamericanos muertos o desaparecidos. Recuerda que en febrero de 2009 una delegación de salvadoreños, que representaba a más de 700 familias, “informó que 239 de sus connacionales fueron asesinados o desaparecieron en México en los dos años anteriores, y presionó a las autoridades mexicanas para que proporcionaran información y llevaran a cabo acciones efectivas”.

El informe calcula que son cientos los centroamericanos asesinados o desaparecidos en México. Refiere que la mayoría de ellos no portan documentos, por lo que no puede establecerse su identidad ni localizar a sus familiares en sus países de origen. “Los cadáveres son enterrados en una fosa no señalada. El cementerio de Tapachula, Chiapas, contiene decenas de esas tumbas”, dice.

Ritos de muerte

Los informes de Amnistía Internacional y de la CNDH ofrecen testimonios de secuestros masivos, torturas y asesinatos cometidos por grupos criminales contra migrantes centroamericanos.

Por ejemplo, una joven salvadoreña relata que ella y su compañera fueron levantadas por hombres armados a orillas de las vías del tren en Tierra Blanca, Veracruz.

Narra: “Nos pidieron el número de teléfono de nuestros familiares en Estados Unidos y nos amenazaron con que si no se los dábamos nos matarían. Todo el tiempo nos insultaron, además de que nos dieron de cachetadas, nos daban empujones y patadas en todo el cuerpo y nos pegaban con un látigo, nos taparon los ojos y nos amordazaron.

“A mi compañera la mataron porque no tenía quién le ayudara y no les dio ningún número. Entonces le dispararon dos veces en la cabeza y la dejaron desangrándose como tres horas enfrente de mí para intimidarme”.

Los secuestradores hablaron con un familiar de la joven que vivía en Estados Unidos. Le pidieron 4 mil 500 dólares por liberarla. Durante los dos días que estuvo secuestrada la violaron y sólo le dieron de comer una vez pan duro y un poco de agua.

Otro testimonio –recogido en uno de los refugios migratorios– ilustra la complicidad de agentes policiacos y de funcionarios del INM con grupos criminales: policías municipales de Reynosa detuvieron a tres centroamericanas.

Las entregaron al crimen organizado, quienes las violaron y exigieron dinero a sus familiares en Estados Unidos. Cuando el dinero llegó, las liberaron. Ellas acudieron con agentes del INM a denunciar los hechos. Ahí empezó lo peor de su tragedia. Los agentes migratorios las “vendieron” de nueva cuenta.

En presencia de ellas los delincuentes pagaron en efectivo a los agentes. Luego las violaron tumultuariamente frente a otros inmigrantes centroamericanos. Uno de ellos protestó. Antes de que terminara de hablar fue brutalmente golpeado. Ya en el suelo, moribundo, disparos de cuerno de chivo lo fulminaron.

Dos de las muchachas fueron asesinadas y colocadas como ofrenda a la Santísima Muerte. La tercera –Daisy, hondureña– sobrevivió. En su testimonio describió además la muerte de una embarazada que se encontraba entre los secuestrados.

Luego de dar a luz los plagiarios se llevaron al recién nacido mientras que la madre murió porque no le retiraron la placenta.

De acuerdo con el “Cuarto informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito por México”, elaborado por los organismos Humanidad sin Fronteras, Frontera con Justicia y Belén Posada del Migrante, es clara “la colusión entre los agentes del INM y de la Policía Federal con la delincuencia organizada, pues muchos testigos refieren haber visto a los uniformados en las casas de seguridad donde los mantenían en cautiverio”.

El documento ofrece como ejemplo el testimonio de Juan, un nicaragüense: “En Tenosique, el jefe de un cártel tiene una casa detrás de la Estación Migratoria.

Cuando él quiere entra, saca migrantes y se los lleva secuestrados. Como los agentes del INM trabajan con él, intercambian gente: cuando la delincuencia tiene balines (indocumentados que no tiene forma de pagar el rescate) y los del INM tienen migrantes con familia en Estados Unidos, se los intercambian”.

Para Raúl Vera, los miles de casos documentados reflejan el fracaso de Felipe Calderón en este tema, como en todos los relacionados con la lucha contra la delincuencia.

Secuestradores que nadie persigue

Con el permiso del autor Óscar Martínez, reportero de un periódico salvadoreño, ‘Proceso’ publica fragmentos de su libro de crónicas

Llovía en Tenosique cuando “El Puma” y sus cuatro pistoleros recorrían las vías del tren y exigían dinero a los migrantes que buscaban viajar como polizones (…) unos 300 indocumentados se amontonaban en las lodosas márgenes de los rieles.

“El Puma” es un hondureño de unos 35 años con una nueve milímetros en el cinto y un fusil de asalto AK-47 colgado de su hombro. (…) “Trabaja para un cártel”, dicen los que se han topado con él. Para subir al tren hay que pagarle. Quien no paga, no viaja. Quien se resiste, se las ve con él, sus escoltas, sus machetes y sus ráfagas de plomo.

La mayoría pagó. Los que no tenían dinero se retiraron a pedir limosna al pueblo. “El Puma” pidió por radio al maquinista que parara y se acercó a darle su parte mientras los migrantes se acomodaban en el techo o en los balcones que hay entre vagón y vagón. En el del medio se ubicaron los cuatro polleros, guías para los indocumentados que pueden costeárselos, con unos 20 clientes.

(…) En Pénjamo (…) el viaje empezó a empeorar. José, un salvadoreño de 29 años, fue el primero en ver cómo ocho hombres aprovecharon la lenta marcha del ferrocarril para subir. “Tranquilos –dijeron al grupo de José–, nosotros también vamos para el norte”. Pero José concluyó que le habían mentido cuando vio que, tras descansar unos minutos, cuatro de ellos sacaron pistolas 9 milímetros, los otros cuatro desenfundaron sus machetes y todos se pusieron sus pasamontañas.

“Adiós”, dijeron. Dejaron en paz a los salvadoreños y saltaron al siguiente vagón para asaltar a sus ocupantes. Cuando los encapuchados llegaron al cajón de Arturo, un cocinero nicaragüense de 42 años, ya llevaban con ellos a dos muchachas que pretendían secuestrar. Arturo se fijó en una de ellas porque era de piel blanca. Le pareció bonita. A la otra no pudo verla bien.

(…) El siguiente vagón era el de los polleros. Hubo silencio durante unos minutos. Luego, balacera. Unos 15 minutos de detonaciones. Polleros contra asaltantes. Los polleros habían entregado dinero, pero se negaron a dejar la mujer que les pedían. Un cuerpo con pasamontañas cayó del tren que había disminuido su velocidad. Los demás bajaron a asistirlo, a pesar de que el hombre parecía muerto cuando rodó por el desnivel de las vías.

(…) La revancha fue en Palenque, unos 50 kilómetros al norte de Pénjamo. Cinco de los asaltantes volvieron por la migrante. Mataron a otro hondureño de nuevo en el vagón de Arturo. Sin razón alguna. Lo rajaron de un machetazo en el estómago y lo lanzaron del tren, mientras repelían el fuego de los polleros.

(…) Los asaltantes se movían rápido. Lograban adelantar en vehículos a un tren que va a unos 70 kilómetros por hora en los tramos deshabitados. Pero la marcha del ferrocarril no ayudó. Los motores se pararon en una zona conocida como La Aceitera, media hora después del segundo tiroteo. La oscuridad de la noche se interrumpía por la luz amarilla de los faroles del pueblo. La locomotora juntaba la nueva carga y el sonido de herrumbre completaba el ambiente. Todos los migrantes estaban de pie, volteando la cabeza, mirando hacia todas partes.

Entonces se reanudó el intercambio de balas, los polleros cedieron el vagón y la muchacha quedó en manos de los encapuchados, que se internaron con ella en el monte. El botín hizo que se confiaran y dieron la espalda al tren. Pero los polleros también saben arremeter: mataron a un segundo asaltante, recuperaron a la mujer, abordaron el ferrocarril antes de que acelerara y minutos después se bajaron con el grupo completo. Abandonaron el tren para buscar otra forma de seguir. Era obvio que los asaltantes volverían (…).

El otro negocio de la delincuencia

Cuando decidió embarcarse en la riesgosa aventura periodística que implicaba ser un migrante más, Óscar Martínez, reportero del periódico digital salvadoreño elfaro.net, cayó en la cuenta de que la realidad que tenía ante sí era mucho más terrible de lo que sabía…

La historia del tren que partió de Tenosique es un libro de instrucciones para quien sepa leer entre líneas. En él se describen las claves que de un tiempo para acá han particularizado este tramo como la zona más caliente en medio de un recorrido total que nada tiene de amable.

Con el permiso del autor, “Proceso” publica fragmentos de un capítulo de “Los Migrantes que no Importan”, libro de crónicas escrito por el propio Martínez bajo el sello de Icaria editorial.

Los defensores de los migrantes que viven en estos puntos de paso ruegan alarmados que alguien haga algo. Gesticulan, piden que se apaguen las grabadoras, que se guarden las cámaras, y describen lo que ahí todos saben:

decenas de indocumentados centroamericanos son secuestrados a diario por un grupo de la delincuencia organizada y sus aliados, a plena luz del día.

La lógica comercial es sencilla: más vale secuestrar durante unos días a 40 personas que paguen entre 300 y mil 500 dólares de rescate cada uno, que a un gran empresario que entregue en un solo monto la misma suma, pero donde se corre el riesgo de llamar la atención de la prensa y de la policía. Autoridades nacionales como la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), encargada de la migración, admiten la gravedad del problema.

Éstos son los secuestros que no importan. Estas son las víctimas que no denuncian. Éstos son los secuestradores a los que nadie persigue.