Coahuila
Por
Néstor González
Publicado el viernes, 8 de septiembre del 2017 a las 09:03
Ramos Arizpe.- Fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado confirmaron que el juez cuarto en Primera Instancia de lo Penal, Pedro Limón Hernández, acusado de tomar indebidamente 12 millones de pesos de las arcas del Club San Isidro, de Torreón, tendría al menos cuatro denuncias en su contra.
Esta semana se dio a conocer que Limón Hernández enfrenta una denuncia interpuesta por la actual directiva del club, luego de que fuera destituido por irregularidades y lograra una medida cautelar por recursos del club que ascienden a cerca de 12 millones de pesos.
De acuerdo con algunas fuentes consultadas, existen cuatro denuncias contra el juez, de quien se omitió el nombre pero confirmaron que es la misma persona.
Una de las denuncias es por fraude, y hay dos carpetas más en la mesa de la Dirección General de Responsabilidades, y una más por prevaricación.
La denuncia por fraude se encuentra en la Dirección de Unidades de Investigación, con el fin de que se determine quién es el responsable de acuerdo con el delito que se le imputa.
La denuncia que llegó hace unos días por el delito de prevaricación, podría ser remitida a la Dirección de Responsabilidades o a la Fiscalía Anticorrupción. La prevaricación, de acuerdo con el Código Penal, es cuando el acusado está impedido por ley para ejercer una función de asesoría a una de las partes y que puede tener un beneficio a su persona, es decir, ser literalmente juez y parte.
Como se trata de un servidor público que se desempeña en la administración de la justicia, la Procuraduría le tiene que dar vista al Poder Judicial para que el Consejo de la Judicatura inicie el procedimiento administrativo.
Esto implicaría que el Poder Judicial puede presentar una denuncia o bien, para suspender al juez y cesarlo del puesto.
La fuente señaló que se dará vista al Consejo de la Judicatura, y que la Procuraduría, en caso de determinar que exista el delito, hará del conocimiento del Poder Judicial el dictamen y si se acredita que hay elementos, se podría ordenar la aprehensión o la reparación del daño o a la inhabilitación temporal o permanente.
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