En la columna anterior sostenía que, en la antesala de la revisión del T-MEC, los aranceles no están sobre la mesa de negociación por parte de los estadounidenses; pues se han convertido en un instrumento estructural de seguridad nacional para la actual política comercial de ese país.

Esta premisa se confirma con hechos recientes. Hace unos días, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos publicó un documento oficial —“Procedures for Submissions by Certain Steel and Aluminum Producers Committing to New U.S. Steel or Aluminum Production Capacity”— en el que se establecen los lineamientos para que productores de acero y aluminio, incluidos los mexicanos, puedan solicitar una reducción arancelaria —del 50% al 25%— siempre y cuando se comprometan a invertir o expandir su capacidad productiva en territorio estadounidense.

Esto puede ser interpretado como un avance limitado porque no incluye a toda la industria (excluye vehículos ligeros). Asimismo, el condicionar a las empresas a expandir su producción hacia el país vecino para lograr la reducción arancelaria, no favorece la integración regional y, además, introduce un componente de exclusión basado en el nivel de capitalización de las empresas.

Es decir, este esquema no está diseñado para beneficiar a todas las empresas, sino a aquellas financieramente más robustas que tienen la capacidad de relocalizar inversiones de México a Estados Unidos. En otras palabras, favorece a las grandes empresas, integradas y transnacionales como General Motors, Ford y Stellantis, que cuentan con plantas en ambos países y dependen de cadenas de valor globales. En contraste, quienes esperan llegar a acuerdos en la próxima revisión del T-MEC y se eliminen aranceles son precisamente los que quedan fuera de estos beneficios condicionados: los pequeños productores nacionales.

La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero ha insistido en que el objetivo central del sector es eliminar los aranceles bajo la Sección 232 para restablecer la integración regional. Incluso, su presidente, ha señalado que estos gravámenes han provocado una caída significativa en las exportaciones y que la industria opera por debajo de su capacidad, por lo que su eliminación es clave para recuperar su competitividad.

Sin embargo, el resultado es claro: el T-MEC evoluciona hacia un acuerdo menos orientado al libre comercio y más alineado con una lógica de seguridad nacional, donde los incentivos ya no buscan integrar la región, sino reordenarla en función de los fines industriales de Estados Unidos. Aunque en julio de 2026 se definirán las nuevas reglas de este acuerdo, ya se construye el andamiaje de la revisión formal del T-MEC en un contexto en el que los aranceles llegaron para quedarse.