Con la consulta popular para decidir si se enjuicia a expresidentes de México, no se trata de hacer justicia, sino de hacer política. Porque de entrada bastaría aplicar la ley y enjuiciar a quien haya que someter a proceso.

El propósito de la jornada del domingo 1 de agosto, que coordina el Instituto Nacional Electoral (INE), conocerá la opinión ciudadana sobre si se debe o no proceder contra expresidentes. La pregunta que aparecerá en la boleta es:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. Habrá dos opciones de respuesta “si” o “no”.

Aunque la pregunta original citaba por nombre y pedía indagar la “presunta comisión de delitos” de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó cambiar la redacción del reactivo.

La papeleta contendrá la entidad, distrito y municipio o alcaldía de donde se emite el voto, y para participar se debe contar con la credencial vigente del INE.
Hay que decir que las mesas receptoras para esta consulta se ubicarán en los mismos domicilios que fueron utilizados durante las elecciones del 6 de junio, y serán los mismos ciudadanos que fueron funcionarios de casilla, los que reciban los votos. Los resultados podrán conocerse en un plazo de 48 horas. No habrá conteo rápido.

La Presidencia de la República pretende que a partir de la consulta inicie un juicio popular y mediático contra expresidentes. Y no deja de llamar la atención que la Suprema Corte se haya prestado a que la justicia fuera consultada popularmente. Pero ¿A quién beneficia esta consulta popular?

No solo se trata de que la ciudadanía influya de forma directa en la toma de decisiones públicas, sino, más importante, que las consultas sirvan para hacer que los actores políticos se definan sobre aplicación de presupuestos, inversiones específicas, planes de obra o gestión del gasto, o que busquen dirigir o establecer la ruta del debate nacional y local para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

La consulta popular para decidir si se enjuicia o no a los expresidentes de México, condena la impartición de justicia e impide el ejercicio del Estado de Derecho, además propicia el divisionismo, incentiva el clasismo y polariza aún más al país. Es una consulta sin utilidad y solo con fines políticos.