La primera semana de la nueva Administración estatal arrancó con el gobernador Manolo Jiménez Salinas lanzando el programa de sus primeros 100 días, como una forma de evitar que las distintas acciones de Gobierno en materia de infraestructura, salud, educación y combate a la pobreza se frenen por los ajustes inevitables en toda transición. Pero también tiene como propósito evitar que la curva de aprendizaje vaya a afectar las próximas elecciones. El PRI y Jiménez tienen claro que necesitan vencer la maldición de los primeros 24 años de este siglo, y es que en las últimas cuatro elecciones presidenciales desde la de 2000, el PRI ha perdido las senadurías de mayoría y la mayoría de las diputaciones. Una de las razones que el PRI estatal ha diagnosticado para explicar esta racha es que las campañas presidenciales vienen en los meses siguientes al cambio de Gobierno, y para cuando llegan las elecciones, los nuevos programas no están en marcha plena. Para evitar una nueva derrota, programas de la pasada administración, como Mejora Coahuila, que fue arrancado precisamente por el nuevo Gobernador, se mantienen, y se buscará imprimirle rapidez a la transición para que Morena no les coma el mandado.

En el anuncio del nuevo Gabinete estatal hubo una omisión que no pasó desapercibida, y es que Manolo Jiménez no hizo nombramiento en la Secretaría de Salud, por lo que el médico lagunero Roberto Bernal sigue al frente, nada más que ahora como encargado de despacho, y sin que le hayan dicho si se queda o se va. La razón podría ser no interrumpir la marcha de la secretaría en una época atareada, como en la temporada invernal, y con campañas de vacunación en curso, por lo que el nombramiento formal se va a posponer.

En Gómez Palacio ya se formalizó el retiro de una inversión millonaria, pues la empresa Draslovka ha retirado ya la autorización de impacto ambiental de su planta de químicos en la comunidad de Dinamita. Como se sabe, Draslovka, de origen checo, compró la planta a la estadunidense Chemours que planeaba producir cianuro de sodio para la minería, pero protestas de los habitantes llevaron al cierre de la obra. Desde hace meses Draslovka intenta desmantelar la planta, pero también se ha topado con que en ocasiones los manifestantes no permiten la entrada de trabajadores y la empresa ha reportado ya pérdidas por más de 30 millones de dólares en robo de equipo. Pero el retiro de la autorización ambiental le da la puntilla a un proyecto que hubiera traído inversión y empleos y que no se materializó por la incapacidad de las autoridades estatales para hacer valer el estado de derecho. Es una mala señal para inversionistas que verán en La Laguna de Durango falta de garantías para emprender proyectos.