Nuestra sociedad atraviesa un síntoma alarmante de extravío moral y desproporción jurídica. En los últimos días, Saltillo se ha convertido en el escenario de un espectáculo mediático sin precedentes tras el condenable caso de “Rocky”, el perro que perdió la vida tras ser arrastrado por su dueña. El rechazo al maltrato animal es una muestra deseable de empatía; sin embargo, lo que hemos atestiguado en esta coyuntura trasciende la ética para adentrarse en los terrenos del linchamiento digital, el activismo de conveniencia y el populismo penal.

Como jurista y ciudadano, resulta preocupante observar cómo las instituciones ceden ante la presión de las redes sociales. Dictar una prisión preventiva justificada por un delito menor, vulnerando de tajo el principio de presunción de inocencia y el debido proceso, no es aplicar justicia: es entregar un chivo expiatorio para calmar la indignación del público. La procuración de justicia no puede operar bajo el dictado de la tendencia en internet ni servir como plataforma para activistas foráneos que buscan protagonismo mediático.

Hoy, la persona señalada como responsable ya se encuentra privada de su libertad bajo una medida cautelar desproporcionada. Se ha aplicado lo que la ley contempla, y hasta lo que no. El Estado ya cedió, la justicia actuó al límite de lo permitido y no hay más nada legalmente que otorgar. Por lo que ahora resulta absurdo e insostenible que estos colectivos sigan presionando y exigiendo más. Lo que vemos ya no es un reclamo de justicia, sino un ejercicio de sometimiento político.

Existe además un claro doble rasero en la indignación colectiva. Mientras se exige la máxima pena para una persona, los centros de control canino municipales sacrifican anualmente miles de animales por razones de salud pública, y la sociedad consume cotidianamente lo que proviene de los rastros. La empatía, cuando es selectiva y estridente, deja de ser un valor para convertirse en un espectáculo.

Pero el matiz más grave de esta historia no es la desproporción penal, sino la ceguera prioritaria de la opinión pública. Recientemente, en Parras de la Fuente, una niña fue atropellada y arrastrada por un motociclista que se dio a la fuga de manera cobarde. ¿Dónde estuvieron los comunicados urgentes de la Fiscalía? ¿Dónde la movilización masiva de la sociedad civil? ¿Dónde el seguimiento ininterrumpido de los medios de comunicación?

El contraste es desgarrador. Revela una distorsión en la escala de valores de nuestra comunidad. Proteger a los seres sintientes es un deber ético legítimo, pero jamás debe posicionarse por encima de la protección prioritaria a los sectores más vulnerables de la especie humana: la infancia y los adultos mayores.

El edificio del Derecho y de la convivencia social se sostiene sobre premisas humanistas. Equiparar de forma absoluta los derechos de un animal con los de un ser humano no es un avance civilizatorio; es una inconsistencia jurídica que termina desprotegiendo a quienes más nos necesitan.

Es momento de hacer un llamado a la cordura y a la responsabilidad social. No permitamos que los algoritmos ni la búsqueda de rating dicten nuestras prioridades éticas. Exijamos un trato digno para los animales, sí; pero exijamos con doble contundencia que la justicia no se arrodille ante la turba digital y que la vida e integridad de una niña jamás vuelvan a quedar en el olvido.