Los cárteles pagaban a funcionarios civiles y militares de varias dependencias para que les informaran sobre operativos, cateos y órdenes de aprehensión

México.- La amplia red de protección del narco incluye a funcionarios de primer nivel de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como agentes y comandantes de la Policía Internacional (Interpol), de la Policía Federal Preventiva (PFP) y efectivos del Ejército Mexicano que servían por igual a los intereses criminales de cinco cárteles mexicanos a cambio de fuertes pagos en dólares.

Esta penetración en todo el aparato de seguridad y de combate al crimen organizado, sin precedente en la historia reciente del país, explica en buena medida la atrofia que enfrenta el gobierno de Felipe Calderón para abatir la violencia y exterminar las redes patrimoniales del narcotráfico que florecen por todo el país.

La averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008, iniciada a mediados del 2008, confirma lo anterior con base en diversas declaraciones –la mayoría rendidas por testigos protegidos– que dan cuenta, por ejemplo, que ex funcionarios de la SIEDO recibieron pagos millonarios de los cárteles de Sinaloa y cárteles rivales.

La investigación comenzó cuando agentes de la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) le informaron al entonces titular de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, que sus colaboradores cercanos estaban ligados al narco.

Ahí se acredita que, lejos de enfrentar a las redes del narcotráfico con los instrumentos legales de la que fue dotada, la subprocuraduría más importante de la PGR terminó maniatada y puesta al servicio de la mayoría de los cárteles que operan en el país.

Personal de la SIEDO como el capitán Fernando Rivera Hernández, excoordinador de inteligencia de esa dependencia, y los comandantes Roberto García y Milton Celia Pérez, recibieron radios Nextel de parte del cártel de Sinaloa para que les informaran sobre operativos, cateos, órdenes de aprehensión y otras acciones.

No es todo: el ex director de Interpol-México, Rodolfo de la Guardia –declarado formalmente preso el jueves 15, por su presunta responsabilidad en materia de delincuencia organizada y delitos contra la salud–, es señalado en el expediente como “un vendedor y arrendador de las plazas de la Policía Federal Preventiva” mientras fungía como director de Despliegue Regional de la Secretaría de Seguridad Pública, al inicio de este sexenio.

Ahora se sabe que De la Guardia es primo de José Antonio Cueto (incriminado en la investigación de la PGR como publirrelacionista y reclutador de funcionarios civiles y militares, para los hermanos Beltrán Leyva) y que ambos eran socios de un despacho que defendía los casos de narcotráfico que ellos mismos perseguían desde sus respectivos cargos.

Así mismo, el capo Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, operador de los Beltrán en la Comarca Lagunera, Nuevo León y Morelos, aparece como protagonista de una historia truculenta: pretendió controlar a los policías adscritos a la SIEDO para que le brindaran protección y así traficar drogas sin ser molestados.

Entre verdades a medias, datos incompletos y algunos hechos que parecen irrefutables, los testigos protegidos de la PGR han tejido la historia de cómo los capos del narcotráfico, en lugar de ser perseguidos, terminaron girando órdenes al interior de la SIEDO. Aún falta que los jueces correspondientes analicen el valor probatorio de los testimonios.

El testigo Saúl –cuyo nombre real es Milton Cilia Pérez, quien fungió como comandante en la SIEDO– detalló el 4 de agosto de 2008 la manera en que se entablaron las negociaciones con Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, un narcotraficante ligado a los Beltrán que sigue impune.

Narra: “El Grande” me comentó que cuál sería la mejor manera de tener el control de las dos policías de la SIEDO, la del grupo del capitán (Fernando) Rivera y la del Ing. (Miguel) Colorado. De éste su gente de confianza era un agente federal de nombre Antonio, que le apodaban “El Capuleto” (Antonio Mejía Robles, a quien también le llamaban “Capulina”), y que para que tuviera el control de las dos policías le arreglarían una reunión entre “El Capuleto” y alguien del capitán Rivera.

“El Grande” le comentó que el Ing. Colorado (actualmente preso en Puente Grande a la espera de ser extraditado) vendía la información a todos los cárteles, y que lo hacía por medio de su esposa (…) y los agentes que están al mando de “El Capuleto” se la llevan a la señora a un restaurante que está cerca de las oficinas de la SIEDO y que “El Capuleto” se apoya en otro de apellido Zavala (el agente de la AFI Jorge Alberto Zavala), pues éste controla a todo el personal.

El testigo también abunda en la insistencia de “El Grande” para unir a las policías adscritas a la SIEDO y ponerlas a su entero servicio: “Me enteré que el contacto directo entre la organización de los hermanos Beltrán Leyva con la policía que dirige el ing. Colorado era a través de un agente que se llama Francisco (Francisco Javier Jiménez), de apodo “Pinocho”, misma persona que se reportaba directamente con “El Borrado” (cuyo nombre real es Guillermo Martínez y formó parte del cártel de Sinaloa), quien es uno de los principales cabezas de la
organización”.