Saltillo, Coah.- Los ex alcaldes y ahora diputados que no solventen las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado en el manejo de sus cuentas públicas enfrentarán sanciones resarcitorias, administrativas e incluso penales.

Los legisladores integrantes de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública se reunieron con Armando Plata Sandoval, titular de la ASE, para revisar los expedientes que están por resolverse y que involucran los expedientes de nuevos diputados.

Sujetos a revisión se encuentran los ex alcaldes Fernando de las Fuentes Hernández, de Saltillo; Pablo González González, de Monclova; Raúl Onofre Contreras, de Matamoros; Ignacio Segura Teniente, de Parras de la Fuente; Rogelio Ramos Sánchez y Mario Dávila Delgado, de Frontera, en diferentes periodos. Ellos deben comprobar el gasto de 186 millones 590 mil pesos.

Al finalizar la reunión, Plata Sandoval señaló que quienes no solventen los señalamientos enfrentarán proceso resarcitorio, administrativo o penal, aunque aún están en tiempo para justificar el gasto.

“La definición y establecimiento de sanciones debe valorarse detenidamente los documentos y argumentaciones que presenten las entidades”.

Tras aclarar que por el momento ningún ex alcalde ha solventado las irregularidades señaladas, señaló que el 19 de febrero vence el plazo para que algunos ex presidentes municipales presenten la documentación que juzguen pertinente para aclarar la situación. Otro plazo vence en la segunda semana de marzo.

Salvador Hernández Vélez, presidente de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, informó que ningún diputado involucrado participará en la revisión de los documentos.

El diputado precisó que corresponderá a la ASE aplicar las sanciones requeridas, de encontrarse elementos para ello. Aclaró que en el caso de Mario Dávila corresponderá a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública dictaminar el respecto, junto con otros 16 expedientes de entidades públicas que implican 54 cuentas.

La ASE deberá resolver cuentas sobre 111 entidades públicas, estatales y municipales, así como organismos descentralizados que suman 11 mil 712 observaciones con un monto global por comprobar o justificar de mil 170 millones de pesos.