México, D.F.- La extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), rentó en 2011 oficinas de un empresario inmobiliario que hoy es investigado por la PGR por lavado de dinero.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda denunció el 16 de diciembre pasado a José Hop Kalach, Sofía Galante Zaga y Fernando Velázquez Hernández por operaciones de lavado por un monto de 51 millones 319 mil 352 pesos.

El primero de los denunciados representa a la empresa Inmobiliaria Graciela, la cual rentó durante 2011 a la Cofetel los pisos 1 y 2 del edificio de Eugenia 197, en la colonia Narvarte, por 4 millones 320 mil pesos.

El contrato de arrendamiento CFT/CGA/DRMSG/AD/001-B/011, cuya versión pública puede consultarse en internet, fue suscrito por Hop Kalach, Mony de Swaan, entonces presidente de la Cofetel, y María del Carmen Quintanilla Madero y Carlos Silva Ramírez.

En el portal de obligaciones de transparencia de la extinta Cofetel se indica que el contrato corrió del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, con un costo de 5 millones 11 mil 200 pesos, superior al consignado en la versión pública del documento.

Prácticamente dos años después del arrendamiento, el apoderado de la inmobiliaria empezó a tener problemas legales, aunque por hechos relacionados con una empresa distinta.

De acuerdo con información de la UIF, Kalach, Galante y Velázquez habrían blanqueado los activos con la empresa Textiles Shell en Cibanco y Multivalores Casa de Bolsa, mediante la venta de dólares de origen probablemente ilícito.

Según el oficio 110/H/613/2013 del organismo hacendario, en 2009 Textiles Shell llevó a dichas instituciones financieras 3 millones 703 mil 950 dólares y los cambió por 51 millones 319 mil 352 pesos.

La empresa aseguró que el dinero era producto de los pagos que recibió las compañías Comercializadora y Maquiladora Aba, Distribuidora y Comercializadora Maxiwork, Textiles Bastien, Confecciones Primer Mundo, Comercializadora Blafor, Princo Hilados, Textiles de la Rosa y Telas Penélope.

Sin embargo, cuando el Servicio de Administración Tributaria 8SAt) emitió distintas órdenes de visita domiciliaria no halló a ninguno de los 8 acreedores.

La Agencia de Investigación Criminal de la PGR buscó también los domicilios de las compañías y descubrió que no existían.

La investigación señala que los dos bancos no reportaron a Hacienda las operaciones inusuales.

Algunas de las transferencias se realizaron a la cuenta 12000192004336 de Casa de Bolsa Multiva en el banco Wachovia, institución que en 2010 pagó una multa de 160 millones de dólares por sus controles laxos contra el blanqueo de activos.