Brasilia, Brasil.- Durante su segundo mandato, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, incumplirá un par de promesas de campaña, ambas consideradas características tradicionales de las izquierdas locales y regionales: desafiar las pretensiones del mercado y cimentar la política sobre procedimientos de transparencia.

La jefa de Estado está comprometida por una formación social heredada de su condición de militante guerrillera hace más de cuatro décadas y de una posterior inserción en formaciones políticas progresistas, el Partido Democrático Trabalhista (PDT) y el Partido de los Trabajadores (PT).

Observadores del acontecer cotidiano brasileño opinan que, seguramente, Dilma consumirá su capital en modificar la economía nacional, puesta en manos de un equipo encabezado por exalumnos de la célebre Universidad de Chicago.

También señalan que deberá dar mayores explicaciones por el problema generado en Petrobras, con el cual necesariamente tendrá que convivir durante los próximos cuatro años, dado que el caso de corrupción en la empresa estatal ha alcanzado a buena parte de la clase política, con revelaciones recientes que implican a altos funcionarios gubernamentales

Como regalo de fin de año, el diario O estado de Sao Paulo mencionó los nombres de personajes delatados por Paulo Roberto Costa, exdirectivo de Petrobras, durante declaraciones prestadas en agosto y septiembre de 2014, en las cuales se refirió a pagos ilegales hechos entre 2010 y 2012.

Se trata de contratos millonarios de la petrolera estatal a grandes empresas constructoras, firmados por antiguos sospechosos y una lista de nuevos nombres, entre otros, el gobernador de Acre, Tiao Viana, y los diputados Vander Luiz dos Santos Loubet, Alexandre José Santos, José Otávio Germano y Luiz Fernando Faría.

Algunos de ellos pertenecen a la coalición partidaria que sustenta al gobierno de Dilma Rousseff –presidenta del Consejo de Administración de Petrobras entre 2003 y 2010, durante la gestión gubernamental de Luiz Inácio Lula da Silva-, como Sergio Guerra, expresidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

En algunos casos –según el diario paulista- se mencionan nombres de políticos presuntamente corruptos, sin que haya detalles sobre cantidades entregadas, como en los casos de los exgobernadores de Río de Janeiro, Sergio Cabral, y de Pernambuco, Eduardo Campos, fallecido en agosto de 2014 en un accidente aéreo, cuando disputaba la presidencia de Brasil por el Partido Socialista (PS).

Hay señalamientos sobre Roseana Sarney, hija del expresidente José Sarney –identificado con los intereses de la dictadura militar que sometió autoritariamente a Brasil entre 1964 y 1985-, exgobernadora de Maranhao, estado en la que su apellido ha sido identificado con el dinero y el poder que, acusan opositores, logran asegurar el porvenir de varias generaciones.

A su vez, Lula da Silva y la cúpula del PT observan a Dilma con la precaución de quien mira al equilibrista caminar con pasos inciertos sobre una cuerda floja, si se recuerda que, el 9 de septiembre de 2014, ella hizo acusaciones a su rival, Marina Silva, de pretender entregar su gestión económica a los banqueros.

Al finalizar el año, Rousseff nombró a Joaquim Levy -director del área de inversiones de Bradesco, el segundo mayor banco privado de Brasil- como ministro de Hacienda, ingeniero naval con doctorado en Economía en Chicago, gustoso de ser llamado “Manos de Tijeras”, por su propensión a los recortes en los gastos gubernamentales.

Levy prometió reducir los subsidios y la inflación para recuperar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB); y al ortodoxo economista lo acompañan en el gabinete Nelson Barbosa, ministro de Planeación, exejecutivo del Banco do Brasil y Alexandre Tombini, que permanece en el Banco Central, para administrar eso que los brasileños llaman la “ressaca” (malestar posalcohólico) de una fiesta de consumo.

El nuevo ministro de Desarrollo es el empresario Armando Monteiro y la titular de la cartera de Agricultura es Kátia Abreu, que está al frente de la poderosa Confederación Nacional de la Agricultura, defensora de los latifundistas, protagonista del primer pleito interministerial, luego de ser cuestionada por Patrus Ananías, ministro de Desarrollo Agrario, uno de los funcionarios más leales a Dilma Rousseff.