Monclova, Coah.- En el pleito legal de Napoleón Gómez Urrutia contra la CTM para disputarle los contratos colectivos de trabajo de Teksid, Gunderson y Pytco, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje detuvo ayer en audiencia los 3 litigios, declarándolos en suspenso y fijando audiencia para el 25 de febrero, fecha en que resolverá si le compete atenderlos o turnar los casos a autoridades federales laborales.

El presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Gilberto Silva González, informó que fue la propia parte demandante, o sea el Sindicato Minero, quien pidió que la dependencia a su cargo se declara incompetente y lo turnada al ámbito federal.

La mañana de ayer se celebró triple audiencia de desahogo y recepción de pruebas entre el Sindicato Minero de Napoleón Gómez Urrutia contra la CTM, donde los primeros demandaron desde el pasado 19 de mayo que los sindicatos cetemistas sean emplazados a un recuento para que los trabajadores con su voto decidan cuál sindicato prefieren.

El licenciado Gilberto Silva expresó que el concepto de competencia es la facultad constitucional que se otorga a las diversas autoridades jurisdiccionales, para conocer y resolver determinados conflictos.

Dijo que en el caso de las juntas locales de Conciliación y Arbitraje, se les encomienda todos los conflictos laborales con excepción de los establecidos en los artículos 527 y 528 de la ley, donde establece diversas ramas de la industria como la azucarera, petrolera, ferrocarrilera, hidrocarburos etc, que son competencia de la Federación por el impacto económico.

Gilberto Silva recalcó que “el Sindicato Minero argumentó en la audiencia que nosotros como Junta Local de Conciliación y Arbitraje somos incompetentes para conocer el conflicto, pero antes de dictaminar, vamos a analizar, pero constitucionalmente estamos facultados para conocer o no los conflictos, entonces resolveremos en base a las pruebas aportadas por ambas partes”.

“Ante la petición del Sindicato Minero, tengo que detener el asunto porque de lo contrario estaríamos pasando por alto el procedimiento de garantías constitucionales de audiencia, de tal forma que estudiaremos las aportaciones de ambas partes para finalmente resolver si somos o no competentes”, finalizó.