Toluca.- La coordinación entre el gobierno federal, Puebla y las otras seis entidades que conforman la zona centro del país, permitieron que entre 2013 y 2014 los índices delictivos registraran una tendencia a la baja, disminuyendo 22 por ciento en secuestro y extorsión, así como 13 por ciento en homicidios, destacó el mandatario Rafael Moreno Valle tras la Reunión Regional de Seguridad encabezada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Durante el encuentro, el titular de la Segob, reiteró que el trabajo conjunto es el camino correcto para garantizar la tranquilidad de los mexicanos y anunció que buscarán una reunión entre los gobernadores y los legisladores federales con el fin de analizar iniciativas como la del mando único policial, el nuevo sistema de justicia penal así como tipificar la portación de armas como un delito grave.

“Seguimos en la coordinación, porque el camino correcto es entregar resultados en materia de seguridad”, manifestó acompañado por el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos; el secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz; la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez; el comisionado Nacional de Seguridad, Alejandro Rubido García, y el titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Eugenio Ímaz Gispert.

En este sentido, Moreno Valle agradeció el respaldo del Gobierno de la República para establecer estrategias como la colocación de inhibidores de llamadas telefónicas en penales del Estado de México y el Distrito Federal, lo que contribuyó a disminuir las extorsiones y reiteró que Puebla seguirá contribuyendo para fortalecer la seguridad en la zona centro del país, donde se concentra el mayor número de población y de generación de riqueza, al margen de diferencias ideológicas o partidistas.

Durante el encuentro con el gabinete de seguridad federal participaron también los gobernadores de Hidalgo, Morelos, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero y Tlaxcala, quienes coincidieron que se deben de aprovechar los recursos por 5 mil millones de pesos para poner en marcha el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y cumplir con el plazo fijado para 2016, así como seguir impulsando la profesionalización de los cuerpos policíacos.

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