México, DF.- México llega al examen del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, cuestionado por la falta de estadísticas, la violencia y la situación de vulnerabilidad de menores y adolescentes.

A tres años de su último examen, el Estado mexicano falló en crear un sistema de información sobre la infancia que incluya datos sobre niños en albergues, en situación de abandono o afectados por la violencia, entre otros temas.

“No hay un sistema de información consolidado que nos permita saber cuánto hemos avanzado. No son los mismos niños los que viven en la Sierra Tarahumara, que en Polanco”, externó Saúl Sánchez, coordinador de Asuntos Jurídicos de la organización Save The Children.

Para el experto, si no se saben las necesidades de cada población, el Estado no podrá intervenir con políticas públicas eficaces.

México también enfrentará cuestionamientos por el ambiente de violencia que se vive en el país.

A pesar de las recomendaciones que recibió en 2011, el país no tiene todavía cifras sobre el número de niños reclutados por el crimen organizado o el número de niños detenidos, heridos o muertos en la lucha contra el narcotráfico.

Tampoco tiene números sobre las víctimas de trata de personas y pornografía infantil, o sobre la violación a los derechos humanos de este sector.

En el informe presentado al Comité, México negó atravesar un conflicto armado, lo cual podría prestarse a discusión por parte de los miembros de Naciones Unidas.

El país también deberá explicar los avances para integrar el Sistema de Protección Integral de los Derechos de la infancia, el cual coordinará las políticas públicas a nivel nacional a favor de la niñez.

Esta instancia, conformada por varias dependencias, deberá estar lista para junio.

De acuerdo con informes alternativos presentados por ONGs, la infancia sigue siendo uno de los grupos más vulnerables en México.

Aunque el año pasado se invirtieron 655 mil millones de pesos en atención a este sector, el 53% vive en pobreza y hay tasas de mortalidad infantil de hasta 70% en zonas rurales y comunidades indígenas, además de que 3 millones realizan alguna actividad económica.

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