Morelia.- En medio de acusaciones por la posible infiltración del crimen en la Fuerza Rural, antes autodefensas, este lunes dio inicio un proceso para depurar al cuerpo policiaco.

La Secretaría de Seguridad Pública en el Estado (SSP) informó que los elementos de esta agrupación serán sometidos a revisión, tanto ellos como su armamento.

Señaló que, para ese fin, un primer grupo de los 923 elementos adscritos a la Fuerza Rural, fueron citados hoy a las instalaciones de la 43 Zona Militar, con sede en Apatzingán.

“Con el propósito de fortalecer las acciones operativas de Fuerza Rural, dio inicio el proceso de actualización y depuración de esta unidad”, informó en un comunicado.

La SSP detalló que el proceso incluye la notificación de los agentes sobre los resultados que obtuvieron en los exámenes de control de confianza, de los cuales dependerá su permanencia o cese.

“Los elementos que no hayan aprobado en una primera instancia sus pruebas físicas o psicológicas, sin afección grave, podrán ser programados a una nueva examinación”, aclaró la dependencia.

De acuerdo con la corporación, los casos que ameriten una nueva examinación deberán ser aprobados por la Comisión y Justicia que tiene la SSP.

“Este proceso permitirá consolidar las acciones operativas de esta unidad dependiente del área de Proximidad de Fuerza Ciudadana”, destacó.

El proceso de revisión concluirá el próximo 18 de agosto y se llevará de manera regionalizada en las 22 comandancias que tiene la Fuerza Rural en la entidad.

Dicho cuerpo policiaco fue creado en mayo de 2014 por el entonces Comisionado federal para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, para legalizar a los grupos de autodefensa que se habían propagado ya por 36 municipios.

Sin embargo, fundadores del movimiento armado denunciaron que tanto los grupos de autodefensa y después la Fuerza Rural tenían criminales infiltrados.

“Antes de que existieran estas policías, lo único que teníamos eran grupos de autodefensa que no estaban controlados y que, sí sabemos, había incluso grupos de autodefensa que pertenecían al crimen organizado”, admitió el Gobernador Salvador Jara el pasado 1 de agosto.

lff