La Información | Venezuela.- Sus casas están marcadas con una D de deportación. Señalados. Lo van a perder todo. Muchos de ellos, cientos, han cogido sus pocas pertenencias a cuestas y se han marchado de sus casas. La tensión entre Venezuela y Colombia no cesa y Maduro, que critica cómo se trata en EEUU a los mexicanos, no ha dudado en marcar a los colombianos ilegales de la frontera para echarles del país.

La Guardia Nacional acude a las casas y les echa. Da igual que haya niños pequeños, que uno esté lavándose los dientes, que no tenga dónde ir ni planes inmediatos. Abandona su casa (casi todas ellas temporales, deterioradas, pobres en extremo).

Los hay que llevan 16 años en Venezuela, les preguntan por qué no tiene los papeles y la respuesta siempre suele ser la misma: me dijeron que no tenía derecho. En esa encrucijada, vivir en la clandestinidad era el remedio de muchos. Hasta ahora, cuando las malas relaciones entre Colombia y Venezuela la han pagado los parias de siempre.

Susana Leal llegó al albergue con dos hijos de 14 y 15 años, su esposo y su cuñado, según relata la BBC. “A mis hijos también les dijeron que si los encontraban por la calle los metían presos” cuenta. Dice que tenía miedo de que se los quitaran.

Estuvo cuatro años en Venezuela, pero nunca le gustó del todo. Se sintió discriminada, especialmente cuando iba a hacer las compras. Y tras cuatro o cinco horas de fila, le decían que no, que no había más o le decían “no, eso es solo para venezolanos”.

Otra vez los campos de fútbol se llevan de gente desgraciada

A Yesid Montagú, de 48 años, las autoridades venezolanas le dijeron que fuera a una cancha de fútbol de tierra, para controlar que tuviera en regla los papeles de luz, de agua.

Al llegar, “nos dijeron venezolanos para allá, colombianos para acá, a los colombianos nos subían a un carro”, cuenta. El estremecimiento llega cuando uno recuerda las antiguas dictaduras de Pinochet y esos campos de fútbol llenos de gente a exterminar. Al menos ahora es solo gente destinada a ser deportada, pero la imagen trae a la mente desagradables recuerdos.

Santos dice que las tiendas vacías no son culpa de Colombia

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha vuelto a señalar que “los problemas de Venezuela son provocados por Venezuela”, a raíz de la crisis fronteriza que ha dejado un millar de colombianos deportados tras el estado de excepción decretado el viernes por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

“El desabastecimiento en los almacenes, en los supermercados, es peor que en Kabul o que en Siria”, agregó Santos, en momentos en que continúa la crisis humanitaria en la frontera colombo-venezolana por la deportación, desde el pasado viernes, de más de un millar de colombianos residentes en ese país.

El viernes entró en vigor un estado de excepción de 60 días decretado por Maduro en un sector de la frontera entre ambos países, motivado por un ataque de desconocidos la semana pasada que dejó tres militares y un civil venezolanos heridos en la ciudad de San Antonio del Táchira durante una operación anticontrabando.

Maduro achacó entonces el ataque a “paramilitares colombianos” y, tras esta acusación, se produjeron deportaciones masivas de colombianos mientras otros intentaban atravesar la frontera esta semana con camas, neveras y diversos enseres a cuestas, por miedo a perder todo de ser expulsados por las autoridades venezolanas.

“Yo respeto el modelo de Venezuela en su parte económica y ellos deben respetar el modelo que tenemos nosotros”, dice Santos. Considerado por la ONU como el segundo país con mayor índice de homicidios del mundo, Venezuela afronta una crisis económica con alta inflación, devaluación del bolívar y escasez de dos tercios de los productos básicos -muchos de los cuales tienen sus precios controlados-, mientras se desploman los precios del petróleo, del que el país es altamente dependiente.

El estado de excepción, que podrá ser prorrogado por 60 días más, prohíbe el porte de armas y permite a las autoridades realizar allanamientos e interceptar comunicaciones privadas sin orden judicial. La frontera de 2.219 kilómetros se está convirtiendo en un drama.

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