México.- El gobierno federal advirtió que el informe que presentó sobre el país el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para casos de tortura, Juan E. Méndez, no corresponde a la realidad y subrayó que sólo consideró 14 casos para afirmar que el fenómeno está generalizado. Fuente: La Razón

“Méndez ha presentado información sobre 14 casos. Lo invito a continuar con este ejercicio de documentación, a fin de que el Estado pueda asegurar el acceso pleno a la justicia de las respectivas víctimas de violaciones a los derechos humanos y fincar las responsabilidades”, manifestó Jorge Lomónaco, representante permanente de México ante organismos internacionales con sede en Ginebra.

“No compartimos una aseveración como la que propone en el sentido de que la tortura es una práctica generalizada, ya que no corresponde con la realidad ni refleja los enormes esfuerzos que ha desplegado mi país para consolidar, en la ley y en la práctica, una cultura de respeto a los derechos humanos, los que, por cierto, han sido acompañados en gran medida por las Naciones Unidas”, expresó el embajador.

Exigió que los relatores especiales sustenten sus informes “en la realidad objetiva e incluyendo todos los puntos de vista”. Sostuvo que México identifica una serie de retos que debe atender a fin de erradicar por completo esta práctica.

Además indicó que la aseveración de que la tortura está generalizada tampoco corresponde con el contenido del resto del informe del relator.

Aseguró que se ha proporcionado información puntual al relator sobre 95 por cientos de los 14 casos referidos y “se trabaja para continuar con dicho proceso”.

Resaltó que el Estado mexicano tiene un andamiaje jurídico que amplía el espectro de protección a derechos humanos.

Lomónaco recordó la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar, que asegura que todo el personal militar implicado en presuntas violaciones de derechos humanos contra civiles sea investigado, encausado y juzgado por el sistema de justicia ordinario.

Inadmisible, postura del reporte: Senado

El Senado rechazó el informe de la ONU que señala que la tortura es generalizada en México. El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Miguel Barbosa, afirmó: “Yo veo que las leyes para impedir la tortura sí se acatan, pero también llegan a violarse. Pero decir que es generalizada la tortura, es inadmisible”.

El también coordinador de la fracción del PRD en el Senado afirmó que no es verdad que cada persona detenida es torturada. “No podemos admitir una opinión como si cada persona que estuviera detenida o sujeta a investigación pudiera ser torturada, eso no es real. Tampoco hay que admitir ese tipo de calificaciones a lo que ocurre en México porque no habla de la realidad”.

Aunque reconoció que existen casos aislados de tortura, ésta no está generalizada.

Para relator, es problema generalizado

Juan E. Méndez asegura que preocupan los reportes de casos documentados; recomienda tipificar este delito en toda la República

La tortura en México es generalizada y ocurre en un contexto de impunidad, señaló el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan E. Méndez, en el informe sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó de 11 mil 608 quejas por torturas y malos tratos entre 2006 y abril de 2014. La Comisión de Derechos Humanos del DF recibió 386 quejas de tortura entre 2011 y febrero de 2014. La sociedad civil informó de más de 500 casos documentados entre 2006 y 2014. Aunque puede haber casos repetidos, la cantidad es preocupante”, dice el reporte.

El relator especial, que estuvo en México del 21 de abril al 2 de mayo del año pasado, indicó que también observó serios problemas en las condiciones de detención, especialmente hacinamiento.

“Generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información. Hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”, dice el texto.

El relator recomendó expedir una ley general en la materia que tipifique la tortura en toda la República; además investigar, juzgar y sancionar en forma pronta, independiente, imparcial y exhaustiva, la imprescriptibilidad del delito, y la reparación de las víctimas.

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