México, D.F.- Un día después de que se diera a conocer que profesoras, nanas y al directora de la Guardería ABC fueron consignadas por el incendio en el que murieron 49 niños en 2009, la Procuraduría General de la República (PGR) informó este jueves 13 de agosto que las 22 personas consignadas son “servidores públicos y particulares”.

“Hasta el momento son 22 las personas sujetas a proceso penal; entre servidores públicos del IMSS, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, de Protección Civil, del H. Cuerpo de Bomberos, del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, y particulares“, detalló la PGR en un comunicado.

Ayer se dio a conocer que autoridades de Sonora solicitaron al juez primero de distrito con sede en esta ciudad, Raúl Martínez Martínez, girar 22 órdenes de aprehensión contra maestras, personal de intendencia y la directora de la guardería ABC.

Gabriel Alvarado Serrano, abogado del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, integrado por padres de las víctimas de la tragedia, criticó la determinación de la PGR porque –dijo– se procede en contra de quienes sufrieron lesiones y pusieron en riesgo su vida al tratar de salvar a los menores, “y no contra los verdaderos culpables de la conflagración”.

Tras señalar que ya interpuso una queja ante la PGR, el abogado explicó que entre las personas contra quienes se emitiría una orden de aprehensión está una empleada madre de una niña que sufrió quemaduras en 95% de su cuerpo. “Esa niña está en la disyuntiva de que su propia madre pueda ir a la cárcel”, dijo el abogado.

La delegación de la PGR informó que la responsabilidad de las personas detenidas son los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, los cuales no son considerados graves, por lo que los implicados podrían alcanzar una fianza.

El juzgado federal tiene hasta el 18 de agosto para resolver si concede las órdenes de aprehensión. De ser así, el personal de la guardería podrá tramitar un amparo y pagar una fianza para evitar la aprehensión.

En conferencia de prensa en Hermosillo, Alvarado Serrano consideró que la PGR comete un error al proceder contra personas que sufrieron lesiones y pusieron en riesgo su vida al tratar de salvar a los menores, y no contra los verdaderos culpables de la conflagración. Informó que ayer mismo interpuso una queja ante la dependencia.

En conferencia de prensa, explicó que entre las personas contra quienes se giraría orden de aprehensión está una empleada de la estancia y madre de una niña que sufrió quemaduras en 95 por ciento del cuerpo.

Expresamos nuestra inconformidad al más alto mando de la PGR (Arely Gómez, titular de la dependencia) porque estas resoluciones no abonan a la búsqueda de justicia; al contrario, tienden una cortina de humo, ya que no se establecen las causas reales del siniestro ni a quiénes se les debe fincar responsabilidad, reprochó.

Gabriel Alvarado Serrano recordó que el incendio que consumió la guardería infantil se inició en una bodega aledaña rentada por el gobierno estatal, en ese entonces encabezado por el priísta Eduardo Bours Castelo.

Sabemos que en las nuevas líneas de investigación (la PGR) ya tiene pruebas suficientes, y saben muy bien que la guardería no se quemó, sino la bodega de la Secretaría de Hacienda, y la propagación del fuego a la guardería provocó la muerte de los 49 niños y lesiones a decenas.

Instó a resolver el caso en lugar de cometer esta grave injusticia contra personas que nada tuvieron que ver y ahora se les pretende convertir en victimarios, cuando son víctimas en el expediente original del proceso.

La guardería ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, presentaba graves irregularidades de seguridad y el día del incendio había dentro más de 150 niños.

Padres de las víctimas han denunciado una constante protección oficial a favor de los dueños de la guardería y de por lo menos 20 ex funcionarios de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Manos Unidas por Nuestros Niños sostiene que la conflagración en la bodega fue intencional, mientras otro grupo de padres coincide con peritajes internacionales según los cuales el fuego se inició por un cortocircuito.