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Agencias
Publicado el jueves, 10 de marzo del 2016 a las 16:02
Coatlán del Río, Mor.- “Las marcaban con un asterisco en la espalda y las maltrataban. Las golpeaban con la mano y con macanas y que no pidieran permiso para ir al baño”, relata María Wang. Su hija Taylin, de 36 años, es una de las mujeres privadas de libertad —bajo proceso penal— en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16 CPS Femenil Morelos, donde lleva recluida desde el 9 de enero.
“Le negaban calmantes. Padece de dolores en el hombro y la espalda por la tortura que sufrió cuando la detuvieron. Necesita ansiolíticos y crema para la piel. No tenían ropa ni jabón para bañarse”, agrega María, quien sólo puede visitar a su hija cada ocho días.
El 27 de octubre de 2015, la Secretaría de Gobernación (Segob) incorporó el Cefereso 16 al Sistema Penitenciario Federal, al cual ya están adscritos otros seis centros privatizados. Tiene capacidad para unas 2 mil 500 internas, opera en el municipio de Coatlán del Río, Morelos, y funciona bajo el esquema de Contrato de Prestación de Servicios (CPS), el formalismo para designar la privatización de la construcción y administración penitenciarias gestionada por el Gobierno mexicano desde los tiempos de Felipe Calderón.
Durante diciembre, internas ya condenadas fueron transportadas en un barco de la Marina desde el reclusorio “Rehilete”, situado en Islas Marías. Otras reclusas fueron trasladadas desde la cárcel femenil “Noroeste” en Tepic. La movilización en grupos de 200 mujeres concluyó hacia enero de 2016.
PESADILLA
En México unas 225 mil personas están privadas de libertad en 447 centros penitenciarios —sólo 51% ha recibido sentencia— y de los cuales 7 son federales, 10 de la Ciudad de México, 336 estatales y 95 municipales, según la Segob. Del total de personas recluidas en el país, unas 11 mil 600 son mujeres y de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014 —elaborado por la CNDH— las prisiones mexicanas padecen sobrepoblación, violencia, corrupción e ineficiencia.
Al igual que Wang, otros familiares de las reclusas del CPS denuncian que sus parientes padecieron golpes, amenazas, vejámenes sicológicos y privación de comida en un recuento que implica al menos 60 víctimas durante el traslado a ese reclusorio en diciembre y enero. Además, denuncian que han sufrido privaciones de alimentos, medicamentos y de condiciones inadecuadas.
Los relatos de los parientes de las reclusas sugieren que las puntuaciones mediocres que han recibido los centros penitenciarios del país no surgieron por aparición espontánea. Esas denuncias se acumulan en el ya infame récord del sistema penitenciario mexicano.
PRIVADO
IDEAL, filial de Grupo Carso —propiedad de Carlos Slim—, recibió por adjudicación directa en diciembre de 2010 el CPS de Morelos, que le concede por 20 años la prestación de los servicios del reclusorio —excepto los de seguridad—, por un pago anual de mil 80 millones de pesos. El Cefereso debía abrir en 2010, pero la constructora se retrasó y firmó 10 aplazamientos con el Gobierno, como lo reportó la ASF.
En su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuestionó la base legal para aplicar la política gubernamental de privatizar los penales —modelo importado y promovido por EU— y los aplazamientos en la entrega de las instalaciones, sin penalizaciones por los atrasos.
Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, visitó el Cefereso 16 el 25 de enero último, y constató los vejámenes mediante entrevistas anónimas. Con base en la información recabada, entregó un reporte al sistema penitenciario, en adición a otro que también está en manos del Gobierno.
“Las autoridades ya conocen los casos y hay una investigación en curso. Hubo un trato indigno que no se justifica, se les maltrató. Las autoridades prometieron resolverlo”, aseguró.
SOBREVIVIENTES
Por su parte, Amnistía Internacional considera a Taylin Wang sobreviviente de tortura en México. Detenida por policías federales en su casa el 7 de febrero de 2014 junto a su pareja acusados de pertenecer a una banda de secuestradores, padeció golpes y tortura.
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