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Acusa dueño de Ferrari persecución y exige proceso justo

  Por Agencias

Publicado el lunes, 11 de abril del 2016 a las 21:32


El empresario Alberto Sentíes acusó que las autoridades de la Ciudad de México lo han perseguido injustificadamente

Ciudad de México.- El empresario Alberto Sentíes acusó que las autoridades de la Ciudad de México lo han perseguido injustificadamente durante la investigación que se le sigue por el fallecimiento de su escolta Sergio González Ibarra, por lo que solicitó a través de un video subido a YouTube que el proceso en su contra sea justo.

El pasado mes de marzo, Sentíes se convirtió en blanco de la polémica, luego que se diera a conocer un video en el que se observa a uno de sus escoltas golpear a un automovilista en Viaducto Tlalpan, situación por la que el empresario fue denominado como #LordFerrari.

El hecho derivó en una investigación penal que se agravó luego que su guarura fuera hallado muerto en un hotel del Estado de México, aunque de acuerdo con la necropsia de ley, su empleado murió “por causas naturales”.

Desde entonces, el empresario afirmó en la grabación de 01:48 minutos que “mi familia y yo hemos sido víctimas del constante abuso y persecución injustificada de las autoridades, que han llevado acabo diligencias abusivas, atropellando mis derechos, así como han determinado averiguaciones previas en mi contra, a pesar de no contar con la existencia de elementos de pruebas suficientes que me vinculen con delito alguno”.

Sin presentar pruebas de sus dichos, Sentíes recalcó que se ha violado el debido proceso legal al que tiene derecho, así como al principio de presunción de inocencia, situación por la cual solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos capitalinos.

“No confío en las autoridades por ello he pedido a mis abogados que atiendan puntual y legalmente cada uno de estos procedimientos hasta que existan las condiciones que garanticen el debido proceso hacia mi persona”.

Actualmente el empresario se encuentra prófugo de la justicia, luego que fuera dictada una orden de aprehensión en su contra por un presunto fraude genérico de 18 millones de pesos, cometido en agravio del Consejo de Apoyo Económico para la Persona Física y Moral.

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