Ciudad de México.- Elvira Santibáñez Margarito es el nombre de la joven que protagoniza un crudo video que se difundiera a través de redes sociales, donde la mujer, de 22 años, es torturada y humillada por dos elementos de la milicia y un policía federal.

Recientemente salió a la luz que la víctima está detenida y apresada en en el penal de Nayarit por portar armas de fuego, sin embargo, a raíz de la publicación del video en el que es atacada, se le podrían abrir las puertas del penal de Nayarit donde se encuentra recluida, esto por violación a sus derechos humanos y a sus garantías, así lo declararon expertos en el tema.

Santibáñez Margarito fue detenida el 4 de febrero del 2015 y fue torturada por dos militares y un elemento de la Policía Federal, el humillante momento fue grabado y hasta hace unos días fue difundido en redes sociales. Al respecto, las autoridades respondienron que ya se procedió en contra de los responsables.

Otro punto a favor de la mujer torturada, quien presuntamente pertenece a la Familia Michoacana, es que las autoridades la presentaron ante la Procuraduría General de la República un día después de que fue detenida, por lo que también podría tener ventaja al haber irregularidades en el proceso de aprehensión.

Tras conocerse la filmación, en la que asfixian a la joven con una bolsa de plástico en el rostro y le apuntan al rostro con un arma como método de “interrogación”, lo ocurrido puede permitirle recurrir las evidencias en su contra.

Méndez Silva indicó que “querían que confesara algo, habría que saber si la obtuvieron y está en la averiguación previa. De ser así, todas las pruebas derivadas de la confesión tendrían que anularse porque es una prueba ilícita. La consecuencia natural es la liberación”, explicó.

Dijo que a partir de lo que muestra el video, a Santibáñez Margarito le afectaron su libertad, la integridad personal y sicológica, por lo que podría exigir no sólo la excarcelación, sino una indemnización. “El respeto a los derechos humanos es en beneficio de todos, tanto de las víctimas como de los acusados”, recordó.

Agregó que si las pruebas que presentaron en su contra fueron producto de la tortura, impactaría en el proceso, se anularían, y el Estado tiene que repararle necesariamente por el daño que le causaron.

María Elena Morera lamentó que la forma en que se buscan las confesiones “tiran los casos y, aunque sean culpables salen por actos de tortura, y a quien terminan haciéndole un daño las autoridades es a la propia víctima y a la sociedad en general”.

Édgar Cortez comenta que la tortura hace que la persona acepte delitos que probablemente no cometió, se vulnera el debido proceso y, en caso de que sea responsable de un delito, toda evidencia obtenida de esa forma se invalida. “Esos actos tienen el efecto de tener inocentes en la cárcel y delincuentes en la calle”, dice.

La Policía Federal, de la Comisión Nacional de Seguridad, inició un proceso ante el Consejo de Honor y Justicia en contra de la agente que participó, junto con militares, en los actos de tortura contra Elvira Santibáñez.