México.- “Para nosotros los estudiantes siguen desaparecidos, no hay evidencia de que hayan sido asesinados y por lo tanto no podemos decir que están muertos (…) y así hemos seguido la investigación”.

Así lo destacó Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre su intervención en el caso de los 43 normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la fiscal destacó que el estatus que mantienen para los estudiantes de Ayotzinapa es el de desaparecidos y el Estado mexicano tiene líneas abiertas qué seguir y dar con su paradero.

Francisco Cox, integrante del GIEI, coincidió con Buitrago y ambos revelaron que las entrevistas que realizaron a casi todos los implicados y detenidos en el caso, incluyendo a los integrantes de Guerreros Unidos y a José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala, serán reservadas como medida cautelar por la CIDH y la Procuraduría General de la República no tendrá acceso a esos materiales.

El abogado chileno señaló que el ex edil perredista les ratificó la versión de que después del informe de la presidenta del DIF, la noche del 26 de septiembre, se fueron a cenar y posteriormente a su casa, que sí tuvo comunicación con autoridades de Seguridad Pública de Guerrero y que él le había llamado a Felipe Flores, jefe de la policía municipal, quien le dijo que no había pasado nada.

De acuerdo con Buitrago, una de las conclusiones de su trabajo en México es la determinación de que esa noche hubo una coordinación cerrada, controlada por anillos de seguridad en la carretera de Iguala a Chilpancingo y cerca de 80 km a la redonda y para lograrlo tuvo que haber existido un coordinador y múltiples canales de comunicación, por lo que este tiene que ser investigado.

Para los especialistas, el trabajo que realizaron es solo una parte del proceso por lo que coincidieron en que “no hay que apurar los procesos”, pues en el caso de desapariciones forzadas las investigaciones llevan años.

Los expertos sostienen que es la primera vez que investigan un caso en el que la agresión es masiva, tal y como lo demuestra el homicidio de 6 personas la noche del 26 de septiembre. Tres de ellos eran normalistas mientras que los otros corresponderían a población civil e integrantes del equipo Avispones de Chilpancingo.