Ciudad de México.-El sistema carcelario de México será sometido a una transformación extrema que podría operar con un nuevo enfoque, en el que los presos tengan un plan de reinserción hecho a la medida de su personalidad, tengan garantizado el respeto de sus derechos humanos y cuenten con un procedimiento de quejas en contra de la administración de los penales.

Los organismos públicos podrán revisar las prisiones sin necesidad de dar aviso previo a las autoridades carcelarias, podrán hablar con las personas privadas de su libertad a solas y vigilarán que no existan los cuartos oscuros de castigo, ni privilegios para “personajes de alto impacto” en el crimen organizado.

Tanto por esta nueva ley como por la entrada en vigor del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, se prevé una salida masiva de las prisiones de personas que cometieron delitos menores o cuya culpabilidad no ha sido demostrada, lo cual podría favorecer en el combate del problema de la sobrepoblación carcelaria.

“Sí va a haber liberación masiva, tanto por algunos de los transitorios de la ley, que lo establece para personas que tenían una posesión mínima de droga y ya estén sentenciados, y también va a haber por la reforma constitucional del nuevo sistema (Penal Acusatorio), pero esto va a darle un poco de oxígeno al sistema penitenciario porque va a liberar espacios y va a ayudar a superar la sobrepoblación”, aseguró Miguel Sarre, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

DENUNCIAS ANTE ABUSOS POLICIALES

Un nuevo elemento que tiene esta ley y que no se había establecido antes es que un recluso puede, mediante un procedimiento regulado, acudir a un juez para denunciar maltrato o faltas en contra de sus derechos.

“Modifica las reglas del juego al establecer que las personas privadas de la libertad podrán hacer valer derechos ante un juez de ejecución frente a la administración del centro”, asegura el académico del ITAM.

También se faculta al Ministerio Público para terminar con los privilegios en los centros de reclusión.

En los centros penitenciarios se han encontrado peceras, pantallas planas, refrigeradores y hasta bares y mesas de billar.

El especialista comentó que la instrumentación de la nueva ley será larga y difícil, pero sí puede llegar a cambiar la forma en que se manejan las prisiones en México para que realmente sean espacios donde exista una base de legalidad, mayor orden y seguridad para la reinserción social.

APOYO A GRUPOS VULNERABLES

Esta nueva forma de entender la prisión favorece a los grupos vulnerables, como las mujeres; sus hijos, quienes viven en estos centros, las personas adultas y los indígenas.

La vigilancia de estas medidas quedará bajo resguardo de los organismos públicos autónomos, como las comisiones de los derechos humanos, y las instancias de la sociedad civil, a quienes se les dará acceso luego de cumplir con un reglamento. Estos organismos también deberán documentar que la libertad de tránsito no caiga en abusos.

Con el nuevo esquema que se discute en el Poder Legislativo se crea una Policía Procesal, que será la encargada de los traslados de los presos. El experto llama a la sociedad a no temer a la gente que saldrá de prisión ante el nuevo marco legal.

Después de todo, el problema más grave de México es la impunidad “y estas personas, debiéndola o sin deberla, ya cumplieron con parte de una pena”.

CAMBIO FUE EMPOLVADO

En México no existía una ley que obligara a las autoridades penitenciarias a respetar los derechos de las personas privadas de su libertad ni había los procedimientos para exigir estos derechos, destaca Roberto Cortés.

“Se supone que antes de una reforma que hubo en el 2008, por el simple hecho de ser una persona la persona privada de la libertad debería tener derecho a la salud, a la educación, los mismos derechos que tenemos con una vida en libertad. El problema es que esto estaba a nivel constitucional, a tratados internacionales, o convencional, pero no se habían desarrollado de forma adecuada”, afirma.

El abogado especialista dice que actualmente existe un juicio de amparo penal, pero los jueces de amparo carecen del conocimiento de la realidad que padecen los penales, lo que ahora se espera evitar con los jueces de ejecución.

Los beneficios de la libertad anticipada estarán directamente relacionados con el desarrollo de las actividades realizadas, de acuerdo tanto con los intereses del interno como de la oferta que haya en la prisión.

SENTENCIADOS NO ESTÁN ENFERMOS

Con el nuevo panorama en el que se prevé concebir a las prisiones, los internos ya no serán vistos como enfermos que requieren tratamiento, afirma Leslie Solís, investigadora de México Evalúa. Ya no hay la intención de readaptarlos, sino de reinsertarlos.

Destaca que el proyecto de ley es trabajo de varios sectores, desde los operadores del sistema penitenciario, los organismos civiles, académicos y defensores de los derechos humanos. La defensa de los grupos vulnerables es parte esencial del proyecto.

Las mujeres pueden solicitar ser atendidas por una mujer médico y los indígenas pueden tener educación en su lengua “en la medida de lo posible”, advierte la investigadora.

“Para las personas indígenas se prevé que su educación sea bilingüe y que se respeten sus usos y costumbres en la medida de lo posible dentro del centro penitenciario para evitar discriminación. Otorga derechos especiales para poblaciones que normalmente están en vulnerabilidad”, concluyó.

VACÍOS

» La nueva legislación tiene como premisa reinsertar a los presos en la sociedad, no readaptarlos y la defensa de los grupos vulnerables es parte esencial del proyecto.

» La nueva Ley de Ejecución Penal afirma que las personas en reclusión deben estar cerca de su domicilio.

» La promotora de la iniciativa es la senadora Angélica de la Peña, quien desde que arrancó el proyecto señaló que el país carece de una política para este sector.

¿MIRELES?

» Con la entrada en vigor de la nueva ley, uno de los favorecidos debería ser José Manuel Mireles Valverde, el jefe de las autodefensas de Tepalcatepec, encarcelado por portación de armas de fuego.

» Es tema constitucional. Él debiera ser trasladado a Morelia y máxime ahora que se va a abrir el nuevo Cefereso 17 en Michoacán”, afirma Miguel Sarre, académico del ITAM.

» El Cefereso 17 comenzará funciones en la Tierra Caliente de Michoacán y tiene las condiciones para recibir a Mireles Valverde.

MENORES

» En el Poder Legislativo se discute la Ley Nacional del Sistema de Justicia para Adolescentes Infractores.

» La iniciativa remarca la atención especial que debe brindarse a los adolescentes infractores, “dada su situación particular en la que se desenvuelven y por ende sus necesidades especiales de protección”.

» Se prevé un Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes que prevea procedimientos homogéneos aplicables por todas las autoridades de la República.