San Luis Potosí, SLP.- Una orden de aprehensión en contra de un sacerdote por abuso sexual no pudo ejecutarse debido a las omisiones que agentes del Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar y de la Subprocuraduría Especializada para la Atención de Delitos Sexuales, contra la Familia y Derechos Humanos realizaron en San Luis Potosí, por lo que el prelado permanece en libertad.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí emitió la Recomendación 08/2016 a Federico Garza Herrera, procurador de Justicia del estado, debido a que el cura Francisco Javier Castillo Ríos, quien oficiaba en un templo en el municipio de Santa María del Río, sigue en libertad porque la orden en su contra no procedió pese a la denuncia presentada en su contra desde el 20 de junio de 2014.

La CEDH notificó que el 3 de julio de 2014 recibió la queja de la madre, quien señaló que el 20 de junio de 2012 formuló una denuncia ante el Ministerio Público Especializado en la Atención de Delitos Sexuales y Violencia Familiar con sede en el DIF estatal, por una violación sexual contra su hijo menor de edad.

Sin embargo, la integración de la misma se realizó de manera deficiente, ocasionando que se negara la orden de captura del presunto culpable, ya que se omitió solicitar el teléfono celular, a efecto de dar fe del contenido de los mensajes de texto aducidos por la víctima, circunstancia que obstaculizó la debida investigación. Aunado a ello, no solicitó datos relacionados con el hecho denunciado, ni citó a la médico legista para que ampliara el dictamen médico.

Posteriormente, otro agente pero de la Subprocuraduría Especializada para la Atención de Delitos Sexuales, contra la Familia y Derechos Humanos, no subsanó las omisiones, ni realizó mayores diligencias para la integración debida de la indagatoria penal.

PETICIÓN

» La CEDH determinó emitir cinco puntos recomendatorios para la reparación del daño a la víctima.

» Entre las observaciones se contempla ayuda psicológica, apoyo económico del Registro Estatal de Víctimas, así como iniciar una investigación para determinar la acción jurídica y penal en contra del sacerdote acusado.

OMISIÓN

» Guadalupe Méndez, madre del menor afectado, reveló que denunció ante el entonces apoderado legal diocesano, Eduardo Córdova Bautista, los abusos del sacerdote. Sin embargo, el abogado católico le decía reiteradamente que su señalamiento “iba a fracturar a la Iglesia”.

» Según el documento, la víctima narró que su agresor durante mes y medio le dejaba dinero por la puerta de atrás de su casa, y le mandaba mensajes de texto a su teléfono móvil para que no dijera nada.

» Estos datos no se investigaron ni se tomó evidencia, por lo que la orden de aprehensión fue declarada como improcedente.

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