Ciudad de México.- A más de un año de que se anunciara la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y por consiguiente la promulgación de siete leyes vinculadas a su fortalecimiento, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) condenó ayer que el Congreso de la Unión haya violado la Constitución al no aprobar a tiempo las siete leyes anticorrupción y reafirmó su postura de presionar a los legisladores al denunciarlos ante organismos internacionales.

Gustavo de Hoyos, presidente del organismo empresarial, lamentó que tanto diputados como senadores hayan incumplido con su responsabilidad, a pesar de que tuvieron un año para discutir y votar el marco legal que dará vida al nuevo SNA.

El líder empresarial respondió a las críticas lanzadas por el presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado, Pablo Escudero, quien sostuvo que la Coparmex estaba extraviada, ajena a la discusión, y que sólo criticaba a los funcionarios sin cuestionar los malos manejos en el sector privado.

“Es inexacto por completo que se señale que nosotros somos ajenos al proceso, porque nuestra participación ha sido continua, permanente y de relevancia. Hemos participado en el conjunto de organizaciones que reunió más de 634 mil firmas para la iniciativa ciudadana (Ley 3de3) lo cual no es poca cosa, es un hecho inédito en la historia”, indicó.

De Hoyos también respondió a la carta enviada por legisladores del PAN, en la que piden a la Coparmex no generalizar sus críticas contra el Poder Legislativo. Recordó que los panistas aceptaron posponer la votación hasta el periodo extraordinario, que se realizará después de las elecciones, entre el 13 y el 17 de junio.

Ante los cuestionamientos de evitar las denuncias ante la Organización de los Estados Americanos, y otros organismos internacionales sobre el “retraso” de los legisladores, el representante de la iniciativa privada fue claro y contundente.

“No vamos a dejar de utilizar los métodos legales a nuestra disposición porque nuestra preocupación es que tengamos un sistema a la altura de los mexicanos”.

TERGIVERSAN INICIATIVAS

Las comisiones del Senado presentaron ayer un dictamen sobre el Sistema Nacional Anticorrupción que deja a discreción de los funcionarios la información que difundirán sobre su patrimonio, lo que representa un “ajuste” a la iniciativa ciudadana conocida como Ley 3de3, que debe integrarse al paquete anticorrupción, sin importar los embates de los legisladores para evitar su implementación.

El texto, presentado como un documento de consenso entre las bancadas, prevé la figura de “versión pública” de las declaraciones patrimoniales con el argumento de que debe respetarse el derecho a la protección de datos.

Las declaraciones patrimoniales, detalla el texto, deberán incluir monto de los ingresos netos mensuales por el cargo público que se desempeña e ingresos distintos a la prestación del servicio público.

Además, la lista de bienes inmuebles de los que el declarante es propietario con datos de su ubicación y el año en que fueron adquiridos, así como de vehículos de su propiedad y de inversiones y cuentas bancarias. Entregar dicha información, sin embargo, quedará a discreción del funcionario.

Esto contrasta con la propuesta original que organizaciones ciudadanas presentaron en la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, conocida como 3de3. Dicha propuesta contenía la obligación de los servidores públicos de presentar las declaraciones de situación patrimonial, de conflictos de interés y de impuestos al público.

¿CÓMO AFECTA LA CORRUPCIÓN?

A la luz del debate que sostiene la sociedad civil contra el Poder Legislativo para contener la corrupción del sistema político, un grupo compuesto por lo menos por 10 empresas aparentan competencia para hacerse de licitaciones públicas, tanto en delegaciones de la Ciudad de México como en gobiernos estatales e instituciones como Pemex, la SEP y el ISSSTE.

Se trata de un conjunto de firmas en las que aparece un mismo apoderado: Luis Francisco Molleda Cámara, un empresario originario de Tabasco, cuya red de relaciones toca a la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo y al exvocero presidencial de Ernesto Zedillo, su primo Carlos Salomón Cámara.

El conocimiento de este grupo que otorga el título de “El Señor de las Compras Públicas” a Molleda señala que su rastro se hizo visible a partir de la madrugada del 17 de diciembre de 2014, cuando Jesús Valencia Guzmán, entonces delegado de Iztapalapa, estrelló la camioneta que conducía contra un vehículo estacionado en la Ciudad de México.

El funcionario había salido del salón en el que encabezó una fiesta navideña. Lo que dejó al descubierto, más allá de un percance de un funcionario fue la relación con sus contratistas. La camioneta era propiedad de la empresa Amexire, ligada con Molleda y su grupo.

Sin embargo, nada cambió en la vida del exdelegado. Protegido por su partido, el PRD, siguió con su carrera política y hoy ocupa una curul en la Cámara de Diputados.

El escándalo tampoco impactó a Amexire. Por el contrario, el grupo de empresas sigue obteniendo contratos en Iztapalapa, Coyoacán y otras delegaciones, lo mismo que con el Gobierno federal o el Estado de México.

LM