Los Ángeles, California. — Un tribunal federal emitió una orden judicial preliminar en el marco del caso Vasquez Perdomo vs. Mullin, mediante la cual se bloquea de manera oficial la práctica gubernamental de ejecutar detenciones migratorias basadas en discriminación racial y carentes de una sospecha razonable en el sur de California.

La medida cautelar prohíbe estrictamente a los agentes federales aplicar políticas o tácticas de retención sustentadas en estereotipos raciales dentro de los límites del Distrito Central de California, a menos que los procedimientos se lleven a cabo formalmente en puertos de entrada, puestos de control establecidos u otros equivalentes funcionales de la frontera.

Alcance territorial y criterios judiciales

La decisión protectora abarca un total de siete condados de la región: Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura.

El tribunal dictaminó expresamente que, para configurar una sospecha razonable legalmente válida, los oficiales de inmigración están obligados a evaluar la totalidad de las circunstancias del caso, quedando descartado que puedan fundamentar una detención tomando como único criterio la apariencia física de una persona, su condición de clase trabajadora o bajos ingresos, o su perfil latino. Asimismo, la autoridad judicial procedió a certificar parcialmente a la clase de personas afectadas por estas redadas.

Reacción de organizaciones civiles y laborales

Diversas agrupaciones de defensa de los derechos humanos, laborales y de migrantes que respaldaron la demanda judicial expresaron su beneplácito por la resolución:

– CLEAN Carwash Worker Center: Su directora ejecutiva, Flor Melendrez, señaló que durante más de un año se documentaron operativos arbitrarios en lavados de autos y espacios comunitarios sin órdenes de cateo, y reiteró la vigilancia comunitaria para hacer valer la orden en las calles.

– National Day Laborer Organizing Network (NDLON): La abogada Lauren Michel Wilfong denunció que desde junio de 2025 se intensificaron arrestos arbitrarios en contra de jornaleros, vendedores ambulantes, trabajadores de lavados de autos y agricultores motivados por el color de piel.

– Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA): Carl Bergquist, asesor general de la organización, apuntó que los testimonios expuestos ante el estrado evidenciaron violaciones sistemáticas al debido proceso y aprehensiones al margen de la ley por parte de instancias federales.

– United Farm Workers (UFW): La presidenta del gremio, Teresa Romero, destacó que el fallo otorga un escudo fundamental de protección a los trabajadores del campo distribuidos desde Ventura hasta el Valle de Coachella.

– Facultad de Derecho de UC Irvine (Clínica de Solidaridad para la Justicia Inmigrante y Racial): Su directora, Annie Lai, subrayó que los elementos probatorios y las propias declaraciones de testigos gubernamentales confirmaron un patrón de detenciones sustentado en prejuicios raciales, vulnerando el principio de igualdad ante la ley.

Los demandantes son representados por una coalición jurídica especializada. Defensores sociales advirtieron que el perfilamiento racial en operativos migratorios es una problemática documentada en diversas regiones de la Unión Americana, afectando de manera recurrente a residentes e incluso a ciudadanos estadounidenses interceptados arbitrariamente bajo criterios discriminatorios.

Con información de UNIVISIÓN