Ciudad de México.- Ser periodista o defensor de derechos humanos en México es una actividad de alto riesgo.

Quienes se dedican a esa labor y encaminan su trabajo a revelar abusos del poder o a acompañar algún caso de injusticia contra algún ciudadano o comunidad, son agredidos constantemente, en la mayoría de los casos por funcionarios del Gobierno.

Desde hace años los ataques son cotidianos. Ni periodistas ni defensores se sienten seguros en sus casas, en sus lugares de trabajo o en la calle, y no es casualidad, la organización internacional de defensa de libertad de expresión Artículo 19 ha documentado 94 asesinatos de periodistas desde el año 2000 a la fecha.

Esto convierte a México en el país más peligroso de Latinoamérica para ejercer dicha profesión.

La situación de los defensores de derechos humanos es similar: entre 2010 y 2015 han matado a 25, según reporta la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del país, la cual, de 2006 a 2015, ha recibido por lo menos 380 denuncias de defensores que han sufrido agresiones o amenazas.

PROTECCIÓN ‘INSUFICIENTE’

Ante la grave situación, el Gobierno federal, motivado por la presión de organizaciones sociales preocupadas por el terrible clima de violencia en el país, creó el Mecanismo Nacional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México en noviembre de 2012. Sin embargo, han pasado más de tres años y la violencia parece no disminuir significativamente.

El 26 de mayo pasado, la organización internacional WOLA, defensora de derechos humanos, en conjunto con las Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés), publicaron un informe que analiza los resultados del mecanismo.

En éste, señalan que al menos el 38% de las agresiones contra periodistas y defensores son cometidas por funcionarios públicos, es decir, por representantes del Gobierno federal, estatal o municipal. Asimismo 31%, son responsabilidad de particulares y en el 31% no se tiene identificado al agresor.

“México sigue siendo uno de los países más peligros del mundo para los defensores de los derechos humanos y los periodistas. Las agresiones contra ellos ocurren con frecuencia, lo que genera un clima preocupante de autocensura e intimidación”, explica el informe.

UN COMPROMISO A MEDIAS

Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), explica que si bien el Mecanismo es una medida de protección por medio de la cual el Estado se compromete a vigilar la situación de vulnerabilidad de periodistas y defensores, está limitado.

Pone como ejemplo la lentitud de las autoridades para atender el llamado “botón de pánico”, un artefacto tipo móvil que se le entrega a las personas en riesgo, para que el estar en peligro lo activen y, mediante geolocalización, la Policía pueda acudir a donde se encuentra la persona.

El defensor comenta que una de las formas para solucionar la situación de violencia contra ellos es resolver de raíz los problemas que originan la violencia, y combatir la impunidad derivada de la corrupción y el tráfico de influencias que violentan el estado de derecho y la procuración y administración de la justicia.

También agrega que hay un ataque sistemático no sólo contra los defensores de derechos humanos que trabajan cotidianamente en México, sino contra organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), que en fechas recientes han visitado México para conocer y documentar casos como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Aytozinapa, y han sido descalificados por el Estado, lo cual genera un aliciente para perpetuar los ataques en contra de los defensores.

“Estamos en la peor crisis de derechos humanos en la historia del país, por ello el Gobierno de México debe dar señales claras de cumplimiento de todas las recomendaciones que le han hecho organismos internacionales para ir saliendo de ella”, explica Adrián Ramírez.

SIN RESOLVER

El informe presentado señala que la violencia en México se da en un contexto en el que el 98% de los delitos cometidos en el país no son resueltos. Asimismo, más de la mitad de los 316 casos -muchos de ellos con varias personas involucradas- bajo la protección del Mecanismo, lo cuales representan a 300 defensores y 219 periodistas, se concentran en cinco estados de la República. Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México.

Tan sólo en Veracruz, bajo la Administración del gobernador Javier Duarte, han sido asesinados 16 periodistas desde junio de 2011 a la fecha. Al más reciente, Manuel Torres, un hombre le disparó mientras regresaba a su casa después de una jornada de trabajo, el 14 de mayo pasado. Otros tres se encuentran desaparecidos, tan sólo en ese estado.

Asimismo, el balance de periodistas asesinados en el mundo en 2015, realizado por la organización Reporteros Sin Fronteras, ubica a México como uno de los países más mortíferos en el mundo para los comunicadores.

Junto con Yemen y Francia -por los asesinados de la revista Charlie Hebdo, en enero del año pasado- comparte cuarto lugar con ocho periodistas asesinados. Sólo por debajo de Irak, Siria y la India. En el documento se explica que los estados del sur de México son los más peligrosos ya que ahí los reporteros son blanco de las mafias y de los políticos locales cuando denuncian hechos de corrupción.

¿Y LA SOLUCIÓN?

El informe de WOLA y PBI también señala que el Mecanismo es una solución de corto plazo a la inseguridad que enfrentan los defensores y periodistas en México, pero la manera más efectiva de combatir las agresiones y amenazas contra ellos, es investigar y sancionar a los responsables de estos delitos.

Finalmente, asegura que “si no se hace frente a la impunidad que prevalece en los casos de agresiones contra defensores de los derechos humanos y periodistas, la protección que brinda el Mecanismo jamás podrán garantizar la seguridad plena de las personas que están en situación de riesgo”.