Animal Político | Ciudad de México.- En 2014, Sharon de 19 años, acudió a su Centro de Salud, en Norias de Ojocaliente, Aguascalientes, luego de varios días con sangrado vaginal y dolores en el vientre.

Aunque Sharon era beneficiaria del Seguro Popular, en este centro de salud comunitario se le pidió acudir a una clínica particular, para realizarse valoraciones preliminares.
Una vez en la clínica particular, a Sharon le diagnosticaron “embarazo ectópico”, es decir, la implantación de un óvulo fuera del útero, una condición de salud con alto índice de mortalidad en México.

Con ese diagnóstico, Sharon volvió a la clínica de su comunidad, adscrita a la Secretaría de Salud de Aguascalientes.

Para entonces, ya sumaba 28 días con sangrado continuo, además de un abultamiento dentro de su vientre que, a simple tacto, podía ser desplazado.

Aún así, los médicos de la clínica pública le advirtieron que tenía que hacerse aún más análisis, esta vez en un hospital del sector público, para poder determinar su condición de salud, bajo el argumento de que los resultados de la clínica particular a la que la habían referido no eran “confiables”.

Ese mismo día, Sharon acudió al Hospital de la Mujer de Aguascalientes, de la Secretaría de Salud, en donde la joven fue informada de que el Seguro Popular no cubría los nuevos exámenes que requería, por lo que le sugirieron, por segunda ocasión, asistir a una clínica privada.

Y Sharon así hizo: ese 28 de abril, luego de salir del Hospital de la Mujer, Sharon terminó en el área de urgencias de un hospital privado, en donde tuvieron que extirparle el útero, ante el “sangrado incontrolable” que sufría.

Su condición era tan grave cuando llegó a este hospital privado, que sus médicos decidieron que no estaban en condiciones de auxiliarla, por lo que solicitaron una ambulancia al mismo Hospital de la Mujer en donde, horas antes, la habían rechazado.

La ambulancia nunca llegó y, por ello, los médicos privados decidieron arriesgarse y, aún sin tener todas las condiciones necesarias para intervenirla, le practicaron una cirugía de emergencia que finalmente le salvó la vida.

Sharon, sin embargo, nunca podrá tener hijos, además de que, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue víctima de violaciones a dos derechos fundamentales: el derecho a la protección a la salud y el derecho a la integridad personal.

Cuando la CNDH comenzó a investigar este caso, la misma Secretaría de Salud de Aguascalientes negó que Sharon alguna vez haya estado en el Hospital de la Mujer.

Esta posición de las autoridades estatales, no obstante, quedó desmentida con los mismos registros del hospital, en donde se asentaba que Sharon sí había acudido a solicitar atención, en un momento en que su condición de salud ya era muy grave, sin que recibiera ningún tipo de auxilio.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además, constató que cuando Sharon acudió a la clínica de su comunidad, en ésta no se aplicaron los protocolos de atención médica establecidos para auxiliar a mujeres con embarazo ectópico, a pesar de que presentaba claros síntomas de dicho padecimiento.

En esa clínica, Sharon había sido valorada por dos médicos diferentes, y ambos incurrieron en la misma omisión.

A causa de todas estas deficiencias, Sharon enfrentará secuelas “vitalicias” e “irreversibles”, además de que su proyecto de vida se vio afectado seriamente, según concluyó la CNDH, razón por la cual demandó al gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, aceptar la responsabilidad por estos hechos, y reparar el daño en la medida de lo posible: proporcionando rehabilitación médica y psicológica a Sharon, así como una indemnización económica.

Solicitó además que los tres servidores públicos involucrados en los hechos sean sometidos a procedimientos “disciplinarios”.

CH