Ciudad de México.- La PGR pagó 2 millones 320 mil pesos por un servicio de asesoría para desarrollar un “Programa para Abatir la Impunidad en México”.

Sin embargo, el proyecto adjudicado a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) constará, esencialmente, en saber cuántos delitos se cometen y cuántos son juzgados, datos que pueden ser tomados del Poder Judicial o del Inegi.

El fallo de la licitación fue fechado el 23 de agosto y el programa deberá estar concluido antes de diciembre de 2016, de acuerdo con el documento cuya copia posee REFORMA.

“Va a ser un estudio, nada más a nivel federal, únicamente Procuraduría General de la República, y va a ser un estudio de impunidad. A ver cuántos delitos se denuncian, cuántos delitos de estos realmente llegan a juzgado y cuántos que llegan a juzgado realmente son sentenciados”, explicó en entrevista Abel Flores, actual presidente de la CMDH.

¿En eso se va a centrar el informe?, se le preguntó.

“Exactamente, y esperamos presentarlo ya a finales de este mes, principios de noviembre”.

Flores asumió el pasado 7 de octubre la presidencia de la CMDH en sustitución de Eugenia Diez, quien dirigió la organización durante una década y fue la encargada de firmar el contrato con la Procuraduría.

Diez ha sido coordinadora general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de Segob y posteriormente titular de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

“El objeto del servicio a contratar consiste en un servicio para el desarrollo de un programa sistemático, integral y progresivo del Estado mexicano y en particular del Ejecutivo federal con la participación preponderante de las instituciones de procuración de justicia penal, para lograr el abatimiento de la impunidad de los delitos en general (…) mediante la mejora sustancial de la eficacia, eficiencia, métodos y recursos de la investigación y persecución de las conductas delictivas, mediante el cumplimiento gradual de metas concretas en plazos perentorios”, establece la PGR.

La CMDH se define como una asociación civil dedicada al estudio, promoción y defensa “de los auténticos derechos humanos”, y rechaza la propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto de reformar la Constitución para reconocer el derecho al matrimonio igualitario.