NVI Noticias | Ciudad Ixtepec, Oaxaca.- El Plan Frontera Sur representa “un muro” para las personas que deciden migrar por la violencia y la pobreza en sus países de origen, y efectivamente este “muro” es pagado por los mexicanos, asegura Nicolás Torreblanca Fuentes, antropólogo investigador de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

En 2015, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), señaló que “Estados Unidos ha desplazado oficialmente el problema de la migración a México” y México asumió su papel de “jefe deportador”.

Sin embargo, se destaca que a través de la Iniciativa Mérida, el Congreso de EU entregó de 2008 a 2015 a México, 2.3 mil millones de dólares, para equipos de combate como helicópteros y sensores fronterizos, así como para los programas de capacitación para los miles de funcionarios mexicanos.

Plan Frontera Sur

En el Informe sobre el 157 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el eje “Situación general de derechos humanos en México” expresaron especial preocupación por las consecuencias negativas para las personas migrantes en la implementación del Plan Frontera Sur, donde se ha registrado un incremento -al doble- de detenciones y deportaciones.

En la investigación realizada por “En el camino, migración más allá de las vías”, refiere que la “Frontera del Siglo XXI”, como le llaman los norteamericanos, comenzó a idearse en el 2007 con la Iniciativa Mérida y su más reciente efecto en la región fue el Programa Frontera Sur, puesto en marcha por Enrique Peña Nieto, y el Plan para la Prosperidad, por los países de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Defensores de Derechos humanos coinciden en que el gobierno federal no ha podido explicar el origen o el sustento de este proyecto, ya que hasta el momento no se ha hecho público algún documento que sustente tal programa, el cual días antes de su implementación se negaba su existencia.

“El límite fronterizo de Estados Unidos ya no es una línea horizontal que corre sobre el Río Bravo. En ocho años se ha convertido poco a poco en una línea “vertical” que busca contener la migración desde otro río, más de tres mil kilómetros al sur: el Suchiate que divide a México con Centroamérica”.

En palabras del investigador Daniel Villafuerte, investigador del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el Programa Frontera Sur es “una frontera vertical que va desde el sur hasta el norte. Se va filtrando la migración hasta que llegue lo mínimo”.

Sin protocolo

Así como el Gobierno Federal no ha podido explicar la implementación del Plan Frontera Sur –sin previa consulta legislativa o proyecto escrito–, el Instituto Nacional de Migración (INM) no sabe explicar el criterio utilizado para realizar retenes y detenciones de personas migrantes en territorio mexicano; dando como consecuencia violaciones a los derechos de la libertad personal, libre tránsito, a la no discriminación, a la integridad y seguridad personal y al acceso a la justicia.

De acuerdo a los reportes, esta falta de protocolo del INM queda en evidencia con detenciones de mexicanos que los agentes del INM consideraron que eran extranjeros, según consta en las recomendaciones 58/2015 y 22/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En el caso más reciente señala la detención y retención durante más de una semana de cuatro indígenas tzeltales (una mujer y tres hombres), originarias de Chiapas, por agentes migratorios quienes aseguraban eran de nacionalidad guatemalteca, aunque presentaron actas de nacimiento mexicanas y una de ellas credencial de elector de nuestro país.

En el documento emitido por la CNDH refiere que los agentes migratorios consideraron que los documentos con que se identificaron eran falsos, por lo cual los llevaron a la estación migratoria del INM de la ciudad de Querétaro, dónde les iniciaron Procedimientos Administrativos Migratorios (PAM´s); a solicitud de la autoridad migratoria, la Embajada de Guatemala en México remitió, vía correo electrónico, pases especiales de ingreso a ese país a nombre de las víctimas, indicando como lugar de nacimiento San Marcos, Guatemala. Dos días después, la misma delegación diplomática notificó que en las consultas al Registro Nacional de las Personas de ese país no se encontraron sus nombres, por lo que canceló los pases previamente remitidos.

Ante este hecho, la CNDH emitió la recomendación 22/2016; sin embargo, el criterio del INM continua siendo discriminatorio, aseguran organizaciones pro Derechos Humanos como el Instituto Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI).

Violaciones a la Ley de migración

Además de que no existe un protocolo establecido para la revisión y detención de personas migrantes en tránsito irregular a través de México por parte del Instituto Nacional de Migración, defensores de derechos humanos señalan casos de extorsión de personas migrantes al momento de la detención; además de que Agentes de la Policía Federal, Policía Ministerial, Policía Estatal y Policía Municipal realizan revisiones migratorias sin una orden de revisión y un oficio de comisión, ambos requeridos por la Ley de Migración y su Reglamento.

El 82 por ciento de las detenciones de migrantes en tránsito irregular por México son a través de las revisiones migratorias, el 77 por ciento de las detenciones se realiza en carreteras; de acuerdo al artículo 97 de la Ley de Migración la única autoridad facultada para hacer revisiones migratorias a personas extranjeras en territorio mexicano -con el objetivo de comprobar su estatus migratorio- es el INM, sin embargo otras corporaciones participan en estas revisiones y detenciones, como hacen constar datos del Sistema de Control de Aseguramientos y Traslados en Estaciones migratorias (SICATEM) del 2014.

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