Ciudad de México.- El servicio social y las prácticas profesionales que realicen estudiantes y egresados tendrán una retribución económica por ley, de aprobarse una reforma que se analiza en comisiones de la Cámara de Diputados.

Además, la iniciativa busca obligar que las instituciones educativas, instancias de gobierno y asociaciones civiles sin fines de lucro expidan una constancia que acredite experiencia profesional a favor de los prestadores.

El proyecto plantea cambiar el artículo 24 de la Ley General de Educación, y el 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, por lo que será dictaminada por las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Juventud.

La diputada priista, Marcela Serrano Hernández, coautora de la iniciativa, dijo que el carácter obligatorio del servicio social se fundamenta en el artículo 24 de la Ley General de Educación, que lo establece como requisito indispensable para la obtención del título o grado académico de estudiantes profesionistas.

Al mismo tiempo, el artículo 5 párrafo cuarto de la Constitución señala que los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley, indicó.

“El servicio social representa una oportunidad idónea para que el estudiante esté en contacto directo con las problemáticas reales de la sociedad; sin embargo, éste se realiza sin una justa retribución al estudiante o profesionista y en su mayoría es totalmente nula, lo que afecta su desempeño”, expuso.

Agregó que existe una clara falta de apego a la disposición señalada en la Constitución y en la Ley General de Educación, lo cual ha dado pie a interpretaciones diversas, de tal suerte que algunos estados han tomado provisiones para solventar este problema.

Por ejemplo, citó, la Ciudad de México reconoce que el servicio social es un trabajo temporal y retribuido que ejecutan y prestan los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad.

Sin embargo, Tabasco entiende el término del servicio social, pero ha excluido su carácter de trabajo retribuido, señaló.

Por su parte, el diputado Héctor Javier Álvarez Ortiz, también coautor del proyecto, dijo que tampoco existe un compromiso para hacer que el trabajo desempeñado por los estudiantes sea reconocido como una actividad profesional que genera experiencia, lo cual representa una constante queja de los jóvenes que realizan servicio social.