Saltillo Por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral, la Procuraduría General de la República (PGR), obtuvo la vinculación a proceso en contra de dos probables responsables por dicho ilícito.

Luego de una orden de cateo donde se logró el rescate de las 81 personas que laboraban en condiciones inhumanas en el predio “Nidia Edith”, se pudo realizar la detención de seis personas, entre ellas el responsable del rancho.

Los detenidos y el inmueble se encuentran a disposición del Representante Social de la Federación quien inicio la carpeta de investigación por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral.

El fiscal de la Federación, en la delegación estatal, presentó pruebas al Juez de Control de la Sala del Poder Judicial Federal, quien dictó la vinculación a proceso en contra de dos de los seis hombres.

Las dos personas que fueron vinculadas a proceso son el administrador y el capataz del rancho por lo que se les decretó la medida cautelar de prisión preventiva. [Excelsior]

Solicita CNDH medidas cautelares

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a autoridades federales y del estado de Coahuila la instrumentación de medidas cautelares a favor de 81 jornaleros agrícolas que fueron rescatados el pasado viernes 25 de noviembre de condiciones de explotación laboral en las cercanías de Torreón.

El organismo hizo la solicitud a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y a la Secretaría del Trabajo (ST) del estado de Coahuila.

En un comunicado, destacó que el rescate, realizado por la delegación estatal de la PGR, se llevó a cabo en el campo agrícola “Nidia Edith”, ubicado en el ejido El Cambio. En ese lugar, precisó, 68 hombres y 13 mujeres vivían en condiciones irregulares e infrahumanas durante el cultivo del jitomate.

Mediante sendos oficios dirigidos a los titulares de las dependencias señaladas, la CNDH les solicitó adoptar las medidas necesarias de protección –médica, psicológica, de alimentación y sanitarias– “para preservar la integridad de esas personas a fin de evitar cualquier tipo de acto de difícil reparación que vulnere sus derechos humanos”.

De igual manera, demandó que en el ámbito de sus atribuciones les brinden apoyo para retornar a su lugar de origen en condiciones adecuadas y seguras, además de recabar todos los datos pertinentes para su posterior localización, a efecto de facilitar las investigaciones correspondientes.

Y precisó que la solicitud de medidas cautelares tiene su fundamento en los artículos 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno. Los oficios correspondientes subrayan que las autoridades deben formular su respuesta al requerimiento con la inmediatez que el caso amerita, a partir de la notificación o conocimiento de los mismos.

El organismo que preside Raúl González Pérez sostuvo que a efecto de brindar seguimiento al caso y velar por los derechos humanos de las personas jornaleras agrícolas, envió visitadores adjuntos al lugar y decidió abrir una investigación de oficio. [Proceso]

lff