Ciudad de México.- Su argumento es que “el fuero militar no es competente para conocer” sobre “ese tipo de casos”, los casos que involucran a militares en el asesinato de civiles. Sea por accidente o por descuido, han desaparecido de las estadísticas del Ejército y su discurso oficial. Simplemente no hay manera de conocer con exactitud esas cifras.

Desde hace cuatro años, cuando inició la Administración de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) ha decidido no informar sobre el número de muertes civiles, ya sean de personas ajenas a grupos criminales o abatidos en enfrentamientos armados.

Solicitudes de información realizadas al Ejército por medios de comunicación y otros ciudadanos lo confirman.

Por ejemplo, al revisar la información se puede observar que en las cifras de civiles fallecidos a manos del Ejército no aparecen las 22 personas que murieron el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México.

Todos los militares que fueron encarcelados por ese tema permanecen libres, aunque según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 15 de esos civiles fueron ejecutados extrajudicialmente, una clara violación a sus garantías, sin importar si pertenecían o no al crimen organizado.

Tampoco aparece registrada la muerte de un policía comunitario en el poblado de Antúnez, Michoacán, ocurrido el 13 de enero de 2014, cuando un soldado disparó “por accidente” contra el integrante de un grupo de autodefensa local que en esos momentos estaba desarmado. Como estos dos ejemplos, hay varios más.

Al ser cuestionado sobre este tema el Ejército ofrece las cifras de los decesos que ocurrieron en el sexenio anterior –el de Felipe Calderón–, pero se niega a ofrecer las de este sexenio.

¿CIFRAS SECRETAS?

Una solicitud de transparencia realizada al Ejército el pasado 10 de octubre sobre el monto pagado por concepto de indemnizaciones a familiares de víctimas fallecidas en los 10 años de la guerra contra el narco y el número total de decesos no tuvo la respuesta esperada.

El Ejército se limitó a informar sobre los recursos erogados por la muerte de 12 civiles entre 2008 y 2011, pero omitiendo los datos de la presente Administración. La información oficial sobre ese tema, sin embargo, no es del todo inexistente.

El Ejército ha reconocido en otras solicitudes de transparencia el pago a familiares de civiles muertos en la presente Administración, pero no informa el número de víctimas letales.

Entre 2013 y 2014, por ejemplo, la institución reconoció 32 pagos por reparación del daño por un monto total de 7.8 millones de pesos. Al menos 10 de esos pagos se realizaron por hechos ocurridos en Tamaulipas; seis en Michoacán; cinco en Guerrero y el resto en los estados de Zacatecas, Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Sinaloa.

La última estadística oficial pública sobre el número de personas muertas es de agosto de 2012, cuando el Ejército informó de 56 víctimas ajenas a grupos del narco, así como el abatimiento de 2 mil 959 civiles en diferentes operativos y enfrentamientos.

La negativa del Ejército para informar del número de civiles muertos se ha dado a pesar de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) le ha pedido a la institución, en por lo menos dos ocasiones, informar públicamente sobre el tema.

BAJAS DEL EJÉRCITO

De acuerdo con información del Ejército obtenida vía transparencia, 489 militares han muerto del 1 de diciembre de 2006 al 31 de octubre de 2016 por diferentes causas: los disparos con armas de fuego y las ejecuciones ocupan 57% de los decesos.

La madrugada del pasado viernes 30 de septiembre, un convoy de militares que transportaba a un presunto miembro del narcotráfico fue emboscado en Culiacán, Sinaloa. Producto de este ataque murieron un sargento segundo, tres cabos, un soldado y un civil.

Se trató de una nueva emboscada contra miembros del Ejército en esa entidad, la segunda más letal para la institución castrense, por debajo de Tamaulipas, que en un lapso de 10 años ha visto cómo 60 de sus militares han muerto en el marco de la guerra contra el narcotráfico.

‘CRISIS ES EVIDENTE’

El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, aseguró en su visita a Chiapas el pasado jueves que a 10 años de la declaración de guerra contra el crimen organizado hecha por Felipe Calderón, la estrategia no cambió con Enrique Peña Nieto.

Señaló que cuando uno ve estos 10 años esta lógica de enfrentar al crimen organizado, la resultante es que en México no tenemos más seguridad y sí tenemos menos derechos.

Indicó que el uso de la capacidad de fuerza del Estado no sólo no ha contribuido a disminuir el fenómeno de la inseguridad sino al contrario, ha contribuido a los fenómenos de violencia.

Explicó que el Ejército no está capacitado para el desarrollo de labores de fuerza pública, y que le preocupa ahora ver expresiones públicas de altos jerarcas militares reclamando que se le den más “atribuciones”.

“De facto es una confesión de parte de que no la tienen, pero han estado ahí estos 10 años haciendo esa labor”, concluyó.