Ciudad de México.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, para que no se ejecute una orden de arresto administrativo de hasta 36 horas, luego de que así lo solicitó la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) al considerar que el mandatario capitalino incumplió demandas laborales.

En su resolución, los ministros de la Segunda Sala de la Corte consideraron que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje excede sus atribuciones al dictar esta medida, que corresponde ejecutar a la Policía Federal Ministerial.

De acuerdo con los ministros, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no autoriza la imposición del arresto como medida de apremio, tal como se establece en la jurisprudencia 2a./J. 133/2008 en la que se determinó con claridad que la multa es el único medio de apremio previsto en el Artículo 148.

Precisó que si bien es cierto que en dicha tesis se reconoció que existen otras medidas para ejecutar un laudo o exigir su cumplimiento, en atención al auxilio que deben prestar otras autoridades a las obligaciones de los demandados y las sanciones que deriven de su incumplimiento.

“No sólo el TFCA carece de parámetro legal para imponer el arresto, sino que además esa medida fue excluida por el legislador, de modo que no cabría entender dentro de sus atribuciones la adopción de una medida coactiva excluida de sus facultades en la propia ley”, afirmó la Corte.

Este asunto tuvo su origen porque el 26 de marzo de 2002, cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de Gobierno, la primera sala del Tribunal Federal de Conciliación emitió un laudo en un juicio laboral, en el cual condenó al mandatario local a reconocer que era de base la plaza en la administración en la que un demandante prestaba sus servicios en la Oficialía de Partes del Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

Mancera ha enfrentado otras órdenes de arresto que lo han obligado a ampararse, pero por incumplir sentencias en materia civil, que ordenan al gobierno pagos a proveedores o contratistas que ganan juicios.

El arresto más reciente fue ordenado en abril pasado por un juez federal en contra de Mancera, su secretario de Obras Públicas y otros funcionarios, por incumplir un pago de más de 20 millones de pesos a una empresa que demandó en 2008.

Con información de Notimex.