MVS | Ciudad de México.- Los recursos que se obtienen del tráfico de migrantes son usados para comprar armas, pagar sicarios, sobornar funcionarios públicos entre otros delitos además de los daños humanitarios causados, denunció Antonino de Leo, representante en México de ONUDC, en el marco del Día Internacional del Migrante.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC), presentó el “Manual Operativo de procedimientos para la detección y atención de migrantes objeto del tráfico ilícito y la coordinación entre autoridades de gobierno, entidades autónomas de promoción y defensa de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil”, en el marco de esta conmemoración.

Al reconocer que existen al rededor de 258 millones de migrantes en el mundo, explicó que existe la necesidad de crear redes integrales para proteger sus derechos humanos porque este delito “está en su apogeo” porque genera millonarias ganancias que son utilizadas para incrementar el potencial de las organizaciones delincuenciales.

“Los recursos del tráfico son utilizados para comprar armas, y contratar sicarios, sobornar funcionarios públicos, imprimir dinero falso, pagar fletes para el transporte de droga o elaborar productos falsificados. El tráfico ilícito de migrantes es un negocio mortal que fortalece la delincuencia organizada”, explicó.

Finalmente explicó que este manual contiene lineamientos de acción para coordinar el esfuerzo entre autoridades y organismos de la sociedad que permitirán luchar contra la impunidad y proteger a las víctimas.

Por su parte Jeff Klick, oficial de Programas de la Embajada de Estados Unidos en México, aseguró que el tráfico de personas está relacionado con crímenes “horrendos” en donde están involucradas las organizaciones criminales, y por ello ambos países se encuentran comprometidos a hacer justicia a las víctimas.

Por ello trabajan de manera coordinada a través de la Iniciativa Mérida que aporta recursos para combatir el tráfico ilícito de migrantes.

En este evento estuvieron presentes representantes de la PGR, Secretaría de Relaciones Exteriores, Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la OCDE.