El Diario de Chihuahua | Chihuahua, Chih.- Con un despliegue policial poco antes visto, el Estado frustró anoche el intento de traslado de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Antonio Tarín y Gerardo Villegas al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, ordenado por un juez federal y consiguió con ello, al filo de la media noche que los reclusos reingresaran al Cereso de Aquiles Serdán.

Al menos 60 patrullas de la Policía Estatal, Ministerial, Vial y de la Policía Municipal sitiaron durante más de una hora el edificio del Centro de Justicia Penal Federal, localizado en la avenida Mirador, donde los tres reos permanecían bajo el resguardo de elementos federales, al término de una audiencia celebrada por el juez Gerardo Moreno García.

Un operativo menos numeroso fue implementado en el cruce de la carretera que conduce al Aeropuerto, donde se colocaron patrullas estatales dispuestas a impedir el acceso de los federales.

Según trascendió, ayer a las 6 de la tarde Gutiérrez, Tarín y Villegas fueron llevados del Cereso de Aquiles Serdán a los juzgados federales para atender la diligencia judicial. Acorde con los protocolos, fueron policías federales quienes se encargaron del traslado.

Durante la audiencia, el juez de Control Federal, Gerardo Moreno, ordenó el inmediato traslado de los detenidos a la Ciudad de México, incluso con el uso de la fuerza pública si fuera necesario, al determinar que la diligencia celebrada el pasado jueves en el juzgado local carecía de validez.

Advertidos al respecto, el gobierno estatal ordenó el despliegue y con patrullas se bloquearon las entradas y salidas del edificio federal para garantizar que el mandato del juez no se ejecutara. El acceso a la avenida Mirador, desde la avenida Washington hasta la calle Río de Janeiro permaneció bloqueado a la circulación vehicular.

La Policía Federal a su vez cerró las rejas principales del edificio impidiendo el paso a los estatales, decididos a no entregar a los procesados. En el lugar se contabilizó más de un centenar de elementos armados, entre federales y estatales, a la espera de instrucciones.

Los vehículos que intentaban salir del juzgado eran detenidos y revisados para asegurar que no fueran en éstos, alguno de los imputados.

Alrededor de las 10 de la noche, las rejas se abrieron y una camioneta blindada de la Policía Federal, seguida de varias unidades se puso en movimiento.

Con torretas encendidas las unidades estatales y ministeriales se sumaron a los costados para escoltar el avance rumbo al Cereso de Aquiles Serdán.

Entrevistadas por EL DIARIO, Sofia Duarte, esposa de Gerardo Villegas y Luisa Fernanda Apodaca, cónyuge de Antonio Tarín, explicaron que en la audiencia, el juez determinó el traslado debido a que ya se ha requerido en muchas ocasiones a la Fiscalía de Chihuahua y al director del penal, el traslado de los imputados.

“Ellos han puesto muchos impedimentos, todos los amparos que han realizado se los han sobreseído. Por eso el juez Gerardo Moreno determinó que ya que estaban en estos momentos a cargo de la Policía Federal para que se hiciera directamente el traslado”, subrayó Sofia Duarte.

En la audiencia estaba presente el director del Cereso y el fiscal de Ejecución de Penas, quienes dieron aviso al Estado y en menos de 10 minutos el edificio fue sitiado.

“Algunos ministeriales, sin autorización, trataron de meterse al mismo edificio para tomar posesión de los imputados y todo este despligue se hizo porque no quieren permitir que se ejecute la orden que un juez federal está dando”, denunció la esposa de Gerardo Villegas.

Durante el transcurso, añadió la esposa de Gerardo Villegas, abogados que ella presumió son del Gobierno del Estado, intentaron intimidarlas.

“Nos tomaron fotografías, videos de las placas de nuestros vehículos, de nuestros rostros, alegando que su presencia obedecía a que se había solicitado su presencia como apoyo para el traslado, cosa que nunca fue cierta”.

Consideró que el actuar de la Policía Estatal fue delincuencial al intentar arrebatar a los tres imputados para mantenerlos bajo custodia.

Las mujeres descalificaron también el comportamiento del gobierno ante el despliegue de patrullas. “Más de 100 unidades aquí, mientras la situación de inseguridad está allá en las calles. En lugar de destinarlas para atender las situaciones cruciales que padece el estado, las emplean para impedir una determinación que está dando un juez federal contra el capricho del gobernador, a quien hacemos responsables de lo que nos suceda, a nosotros y a nuestras familias”, apuntaron.