Ciudad de México.- En una carta abierta a los candidatos a la Presidencia de la República, el Movimiento por Nuestros Desparecidos en México demanda a los presidenciables un compromiso para erradicar la desaparición y explicaciones al país de qué pretenden hacer para que cese la violencia, que exista búsqueda e investigación efectiva, verdad y justicia para las víctimas y sus familias, dar garantía de no repetición, y detener las desapariciones que aún están sucediendo.

“Las familias de personas desaparecidas nos negamos a tener una vez más un proceso electoral que olvide a nuestros desaparecidos y nos olvide a nosotras, dónde exista ausencia de propuestas concretas y se propongan estrategias ambiguas para combatir la inseguridad”, reclaman a los cuatro presidenciables.

“Las familias queremos un proceso electoral que nos tome en cuenta como sujetos sociales fuertes y capaces de aportar, acompañar y asesorar a las instituciones encargadas de garantizar la verdad y la justicia”, exige el colectivo, conformado por 55 colectivos de familias de personas desaparecidas (provenientes de 18 entidades federativas de México y de tres países de Centroamérica) y por más de 30 organizaciones de la sociedad civil.

Las elecciones presidenciales en México que se celebrarán el primero de julio marcarán el rumbo del país durante los próximos seis años. México vive actualmente una grave crisis de derechos humanos, que queda reflejada en las más de 37 mil personas desaparecidas que reconoce el Estado y las muchas más que no reconoce, en las cientas de miles de muertes violentas de los últimos años, y en el temor con el que vivimos la mayoría de las familias mexicanas a ser víctimas de la violencia, la inseguridad y las interminables violaciones a los derechos humanos.

Las desapariciones en México vienen, al menos, desde la denominada “Guerra Sucia” (1970) y continúan produciéndose detallan las familias al denunciar que en estos años han recibido “discursos vacíos, compromisos incumplidos y una negación absoluta del derecho a la justicia y a la verdad” que obliga a la búsqueda efectiva y localización de sus seres queridos.

El sistema de seguridad y la procuración de justicia están en crisis y “es parte del problema, no de la solución”; no buscan ni han generado estrategias contundentes para la prevención de las desapariciones, no han garantizado la sanción de los culpables y mucho menos han respondido a la atención de las familias y reparación a las víctimas.

Así, exigen a los cuatro presidenciables que antes del 20 de junio se respondan a una serie de exigencias como son garantizar la plena y efectiva participación de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en todas las acciones y políticas relacionada con las desapariciones.

Garantizar la implementación efectiva de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.

Asegurar el presupuesto amplio y necesario para la implementación adecuada de la Ley General.

Fortalecer las instituciones encargadas de atender las desapariciones, principalmente la Fiscalía Especializada y la Comisión Nacional de Búsqueda.

Liderar desde la Federación los esfuerzos necesarios para combatir la impunidad y garantizar la búsqueda de las personas desaparecidas en todo el país.

Desarrollar políticas específicas para atender las desapariciones forzadas cometidas durante la denominada “Guerra Sucia”.

Promover la reforma integral al artículo 102 constitucional, que nos garantice una fiscalía que sirva para acceder efectivamente a la justicia y romper el círculo de impunidad.

Crear un mecanismo internacional contra la impunidad.

Garantizar la desmilitarización de la seguridad pública, privilegiando un enfoque de seguridad humana y ciudadana.

Aceptar y promover los compromisos internacionales de México en materia de Derechos Humanos y permitir la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU para recibir comunicaciones individuales y aceptar de la visita al país del Comité, solicitada desde el año 2014.

Desde el año 2015, el Movimiento impulsó una legislación general en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares para contar con herramientas que aborden la grave crisis en materia de Desaparición de Personas que atraviesa el país. Dicha Ley se promulgó en noviembre de 2017, concluyen las familias de los desaparecidos.