Monterrey.- La agrupación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) demandó una serie de medidas para que se garanticen los derechos de las personas privadas de la libertad en los penales del estado, luego que a través de mantas colocadas en la zona metropolitana se denunció que los presos sufren extorsiones, solicitud de cuotas ilegales, y que dentro de los penales existe venta de drogas, todo ello con el consentimiento de las autoridades.

“Desde Cadhac vemos con preocupación los mensajes que se desprenden de las mantas dirigidas al Gobernador del Estado de Nuevo León (Jaime Rodríguez Calderón), colocadas el 23 de mayo del presente año, en distintos puntos de la entidad, que denuncian extorsiones, solicitud de cuotas ilegales, venta de drogas dentro de los penales, entre otros actos, bajo la aquiescencia de las autoridades penitenciarias”, expuso la asociación civil en un comunicado.

En los últimos meses, “hemos realizado constantes llamados para que las autoridades responsables del sistema penitenciario de Nuevo León, actúen de forma efectiva para evitar que se sigan cometiendo violaciones de derechos humanos en detrimento de la población penitenciaria y sus familiares”, asentó Cadhac.

En ese sentido, señaló que los mensajes colocados en las mantas, “confirman que la violación a los derechos humanos contra la población penitenciaria continúa y no se observan cambios substanciales en la vida de las personas privadas de libertad”, luego que el año pasado se realizó una reestructuración del sistema penitenciario, con el cierre del Penal del Topo Chico, y el traslado de reos considerados peligrosos a penales federales de otros estados del país.

Los altísimos niveles de abusos, tratos inhumanos y degradantes, asentó la asociación civil, conducen a violaciones al derecho a la vida, actos de tortura generalizada, los alarmantes índices de conflictos al interior, y a deteriorar las condiciones de vida, de por sí, precarias.

Por lo anterior, expuso Cadhac, es indispensable que las autoridades del Estado atiendan esta situación para que esta problemática se resuelva con carácter de urgente y no trascienda a escenarios trágicos que se han vivido en el pasado reciente.

Agregó que el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de los derechos de los internos, a recibir un trato humano y expresó que resulta lamentable que esta situación se presente en el contexto actual que se vive en el país, con la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

“En ese sentido, es indispensable recordar que, en todo momento, pero sobre todo en los tiempos actuales, los grupos especialmente vulnerables como la es la población penitenciaria, requieren especial respeto a sus derechos humanos”, señaló Cadhac.

La asociación civil demandó al gobernador Jaime Rodríguez, asuma de manera directa la responsabilidad del Sistema Penitenciario del estado y tome las medidas necesarias, a fin de garantizar la integridad física y emocional de las personas privadas de su libertad.

Pidió al mandatario, asegure una comunicación confiable entre las personas privadas de su libertad y sus familiares de manera regular, tomando en consideración la compleja situación por la emergencia sanitaria, e implemente de manera inmediata las medidas preventivas necesarias para proteger a las personas privadas de su libertad, de ataques y atentados que provengan de los agentes del estado.

Asimismo, que bajo ninguna circunstancia autorice traslados de internos a centros penitenciarios federales de otros estados.

A la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León demandó iniciar de oficio una investigación por los hechos perpetrados en perjuicio de las personas privadas de la libertad y sus familiares y se actúe en consecuencia.

En tanto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandó su presencia inmediata a fin de que certifiquen las condiciones carcelarias en que se encuentran las personas privadas de la libertad, en el estado de Nuevo León.

Finalmente solicitó a la Secretaría Estatal de Salud, intervenga de manera inmediata a fin de que se realice una revisión médica a cada una de las personas privadas de su libertad y en caso necesario, sean atendidas diligentemente.