Ciudad de México.- Un juez federal ordenó dejar sin efecto el auto de formal prisión emitido contra José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, por delincuencia organizada y lavado de dinero pero no ordena liberarlo sino volver a tomarle su declaración preparatoria.

El juez Séptimo de Distrito en materias de Amparo y Juicios Federales del Estado de México concedió un amparo a Abarca debido a que consideró que su derecho a la debida defensa le fue violado porque no se le indicó quiénes fueron los testigos que declararon en su contra.

Por ello, ordenó reponer el procedimiento abierto en su contra relacionado con la compra de 31 inmuebles por un valor que superó los ocho millones 300 mil pesos.

Requirió al juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales para que deje sin efectos el auto de formal prisión en su contra, además le indique los nombres y datos de identificación de los testigos colaboradores Mateo y X y le explique claramente su acusación para posteriormente volver a resolver su situación jurídica, es decir, decida si volverá o no a dictarle auto de formal prisión.

Sin embargo, la sentencia del juez Séptimo de Distrito fue impugnada por la Fiscalía General de la República (FGR) y desde el pasado 21 de agosto el expediente fue remitido al Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal en el Estado de México.

Por lo que Abarca deberá esperar a que los magistrados federales se pronuncien al respecto.

Este lunes EL UNIVERSAL informó que María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde consiguió que un tribunal federal confirmara el amparo que el Juez Séptimo de Distrito le concedió en los mismos términos en los que se concedió a Abarca.

Los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal del Segundo Circuito confirmaron la decisión de que debe revocarse el auto de formal prisión en contra de Pineda Villa y reponer su procedimiento.

La sentencia de Colegiado ya es inatacable, por lo que en el caso de la esposa del ex alcalde el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales federales ya está obligado a dar cumplimiento.

Abarca y Pineda tienen pendiente este proceso debido a que, aunque fueron señalados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, su posible participación no ha sido acreditada y el ministerio público no ha podido acusarles de ello.

Pineda permanece en un penal federal de Morelos y Abarca en el penal de máxima seguridad del Altiplano.