Ciudad de México.- Una de las medidas que debería implementar el gobierno para lograr reactivar la economía, a través del fomento de la competencia, es la creación de un buró de crédito público que proporcione a las instituciones financieras datos sobre el comportamiento de pago de los contribuyentes en servicios públicos, propuso la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios.

El objetivo es que las personas tengan un historial crediticio y las instituciones bancarias o financieras, sin importar el tamaño, accedan a esa base de datos, con lo que se facilitará el otorgamiento de créditos y se ampliará el número de beneficiados de la población por préstamos.

Ese buró de crédito público se conformaría con información sobre los pago de los contribuyentes de servicios como luz, agua, crédito Infonavit o Fovissste, entre otros datos en posesión del gobierno, al que la banca tradicional y Fintech puedan tener acceso de manera pareja.

Al presentar las “Propuestas en materia de competencia para contribuir a la reactivación de la economía mexicana”, Palacios insistió en acelerar la entrada de alimentos genéricos al mercado porque en México tardan años en entrar, mientras que en Europa lo hacen de manera inmediata. Eso, dijo, ahorraría a la población 2 mil 500 millones de pesos anuales.

También planteó que los costos de la electricidad sean más competitivos para mantener tarifas bajas y garantizar el cumplimiento del marco legal vigente en cuanto al despacho económico y al acceso no indebidamente discriminatorio a las redes de transmisión y distribución.

Que los mexicanos paguen las gasolinas más baratas como resultado de la competencia, lo que implica eliminar restricciones para otorgar permisos de importación de un año. Sugirió la posibilidad de otorgar permisos por 20 años y prórrogar los que están por vencer.

La presidenta de Cofece agregó que es momento de una reforma seria a la Ley de Adquisiciones, pues la que se aprobó hace unas semanas—que exenta de aplicabilidad de esa ley a las compras hechas a través de organismos internacionales— “es un parche” y queda fuera de todo mecanismo de rendición de cuentas de acuerdo a la ley mexicana.

Además, propuso que los mexicanos puedan viajar por autobús a menores precios porque hay al menos 3.5 y 4 millones de viajes en autobuses de pasajeros, pero solo cuatro grupos dominan las rutas y no compiten en el 76% de las rutas.

Otras medidas de su propuesta son que Conamer fomente la regulación en pro de la competencia a nivel estatal para que la regulación de los estados y municipios no dificulte que más empresas puedan participar en sectores relevantes para la economía.

Que las empresas y los consumidores mexicanos se beneficien con insumos y bienes más baratos provenientes de otros países, para lo cual deben evitarse medidas arancelarias o proteccionistas.

“En esta época de crisis económica y esta necesidad de proteger a la industria nacional, lo que a veces sucede es usar herramientas de política exterior para proteger a empresas locales, por eso es una invitación a evitar medidas restrictivas al comercio sin análisis previo del daño a los afectados”, dijo.

También pidió alentar la competencia en puertos, ferrocarriles y transporte de carga como una medida para impulsar la participación de más empresas en los mercados a fin de tener mejores precios.